Fiscal volvió a acusar a Juárez en causa desaparecidos

El fiscal federal Alberto Pravia volvió a acusar al ex cinco veces gobernador Carlos Juárez en el marco de las investigaciones por la causa "desaparecidos" por considerar que el expediente aún "no prescribió".

"Los delitos en los que habría incurrido el ex mandatario provincial, durante su mandato entre 1973/76, son asimilados a los catalogados como de lesa humanidad y por lo tanto no prescribió", explicó Pravia.

Se trata de la causa en la que Pravia apeló los sobreseimientos de los ex magistrados Liendo Roca y Santiago Olmedo y acusó al caudillo peronista Juárez, de 88 años.

Roca y Olmedo, actual integrante de una Cámara del Crimen en la provincia de Catamarca, se encuentran acusados de los presuntos delitos de "autor material de la denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En tanto, Juárez está imputado por los delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973/75.

La acusación a Juárez surgió cuando el fiscal Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció "torturas y apremios ilegales" aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial durante la tercera gestión de Juárez.

Para el fiscal, Juárez era "el jefe de una asociación ilícita en la aplicación de apremios y torturas" de ciudadanos que desaparecieron durante su tercera gestión, por lo cual pidió su indagatoria y su detención, trámite que nunca se cumplimentó por la negativa del acusado a declarar.

Similares pedidos fueron formulados por Pravia para los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, Jorge D'Amico; y para el ex jefe de la Inteligencia santiagueño, comisario Antonio Musa Azar, procesado por el doble crimen de La Dársena.

También fueron imputados por "privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales", los comisarios Ramiro López, Juan Bustamante, Roberto Díaz, Jorge Brau, Correa Aldana y el recientemente fallecido Noly García, en todos los casos retirados de las fuerzas de seguridad.

Inicialmente, Toledo había ordenado una serie de procedimientos, entre ellos la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas enterrada en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.

Asimismo, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.

Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontrados en los cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde, trámite que tampoco fue ordenado por Toledo.

Las excavaciones e inspecciones oculares también debían extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos eran arrojados de helicópteros, trámite que sigue sin cumplirse.