«El juez Caro vulneró el estado de derecho, no preservó la independencia del Poder Judicial que integra, dejándolo expuesto a los intereses de otros poderes. Caro no estuvo a la altura de la responsabilidad de su investidura y permitió que se violen las garantías cuando dejó que el Ejército investigara un caso que le estaba vedado por ley.» Federico Storani apeló ayer a estos argumentos para pedir la destitución del juez federal de Zapala (Neuquén) Rubén Caro por supuesto «mal desempeño» en la investigación del asesinato del soldado Omar Carrasco.
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Antes y condurísimos conceptos, Diana Conti, la otra fiscal, acusó al suspendido juez Caro de haber sido «cómplice de la conspiración militar que intentó ocultar la primera desaparición en democracia». También consideró que el magistrado «concedió su competencia y jurisdicción y la puso en manos de una institución que produjo la muerte» de Carrasco. Y remató: «Caro no pudo ejercer con dignidad su cargo y actuar con autonomía funcional».
Si el alegato de los fiscales acusadores (Conti-Storani y Smukler) fue vehemente también lo fue la defensa del magistrado juzgado. El abogado Oscar Vignales llegó a llamar «héroe» al juez Caro por la investigación del homicidio en un regimiento y recordó que el caso Carrasco casi fue una «cuestión de Estado» que llevó al gobierno de Carlos Menem a «pedir paz entre civiles y militares».
El Jury, presidido por Elena Highton de Nolasco, dará a conocer el veredicto el 25 de agosto. Ese día, nueve jueces tendrán la oportunidad de cerrar para siempre el caso que terminó con el servicio militar obligatorio. Carrasco fue asesinado a golpes dentro del Grupo de Artillería 161 del Ejército, en la ciudad neuquina de Zapala. Fue a los pocos días de haberse incorporado al servicio militar. Ya pasaron 12 años de ese crimen.
En su exposición, Storani remarcó que Caro «pudo haber investigado con independencia, pero no lo hizo» y «no sólo cometió una injustificada cantidad de errores, sino, lo que es más grave, declinó la función judicial y permitió que el hecho fuera investigado por el Ejército». Ambos fiscales, que en el juicio representan al Consejo de la Magistratura , enumeraron en sus alegatoslas principales irregularidades cometidas por Caro tras la aparición del cadáver de Carrasco.
El legislador radical recordó que el juez «no inspeccionó el lugar donde se halló el cuerpo ni lo preservó» y que ordenó realizar la autopsia en el Hospital Militar con la presencia de miembros del Ejército.
«Caro permitía que el cuartel decidiera el modo, la forma y la presentación del cuerpo ante la sociedad democrática», agregó Conti.
«¿El juez actuó de este modo porque estaba desbordado, carecía de experiencia suficiente o porque la infraestructura de la que disponía no servía para la investigación? No, actuó de este modo porque quiso», remarcó.
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