Fiscales se rebelaron ayer para respaldar a Jorge Sica

Judiciales

Fiscales de todos los fueros redactaron ayer una durísima acta en la que declararon el apoyo irrestricto al fiscal federal Jorge Sica y cuestionaron con rigor la decisión del procurador general interino, Luis González Warcalde, de desplazarlo del caso Blumberg y suspender el funcionamiento de la Unidad Fiscal de San Isidro.

Los fiscales sostuvieron que pese a que la medida adoptada el sábado pasado se funda en supuestos motivos presupuestarios, «es clara - una vez más- la intención de evitar pagar responsabilidades políticas a quienes les corresponde instrumentar las cuestiones sobre prevención, inteligencia y represión en materia de seguridad, lo que de ninguna forma nos compete».

El obvio mensaje fue dirigido al ministro de Justicia, Gustavo Béliz, que, en su pretensión de ganarse una medalla por la resolución exitosa del secuestro y crimen de Axel Blumberg, enredó a policías de la Federal en una investigación paralela a la que desarrollaba el fiscal Sica y el fiscal general Pablo Quiroga en San Isidro. Los policías que participaron de la operación terminaron detenidos o fueron pasados a disponibilidad.

«Ya la Asociación de Magistrados se manifestó a favor de reclamar que las autoridades del Ministerio de Justicia no interfieren sobre el magistrado fiscal presionándolo»,
dijeron los fiscales.

Así recordaron que el 31 de marzo (horas previas a la masiva marcha convocada por
Juan Carlos Blumberg), González Warcalde reconoció que el 30 de marzo concurrieron a su despacho en distintos momentos el ministro de Justicia y el fiscal a cargo de la Secretaría de Justicia Pablo Lanusse a pedirle directamente la separación de Sica. Ese mismo día el ministro Béliz realizó una denuncia penal contra el fiscal, acusando de aplicar presuntas torturas a los detenidos. (En realidad, dijo que sacaba información usando cualquier método, pero no dijo que lo hiciera fuera de la ley.)

• Ambigüedad

«Sin duda, la cuestión de mayor gravedad institucional, y que inequívocamente es el real motivo de la embestida contra el fiscal actuante, es que la investigación judicial del caso estaba llegando hasta el propio ministro de Justicia, quien tuvo una actuación en los hechos por los que se investiga a funcionarios de la Policía Federal a la que se debe calificar, por los menos, de ambigua y poco clara frente a sus altas responsabilidades en el gobierno.»

Para los fiscales resultó significativo que Béliz haya salido a explicar en los medios el comportamiento penal de las personas investigadas, cuando esto era materia ajena a su órbita y cuando de la propia investigación surge que su conducta guarda relación con hechos investigados.

«Las cuestiones presupuestarias para fundar la remoción de Sica no sólo confunde la verdadera razón, ya que se mantuvo la estructura de la Unidad y sólo se separó al fiscal que no percibía remuneración extra por tal razón, sino que, además, ésta fue dictada en un día inhábil, sin premura, ni necesidad de resolver cuestiones presupuestarias urgentes.»


En el acta que le fue elevada al González Warcalde también le pide poner fin «a interferencias de funcionarios públicos» en la actividad de la fiscalía y le recordaron que así sucedió en el caso de la fiscal Mónica Cuñarro, cuando investigaba irregularidades en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires; con el mismo fiscal Pablo Lanusse en la investigación del caso Escassany y con el polémico Carlos Stornelli en la investigación de Carlos Menem.

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