Gambeta de juez no hace zafar a Bendini

Judiciales

La decisión del juez de Santa Cruz, Gerardo Caamaño, de pasar al fuero militar la investigación contra el jefe del Ejército, Roberto Bendini, y así desprenderse de uno de los casos que más preocupan al gobierno no alcanzó para cerrar un expediente que se encamina el escándalo. Al parecer, el militar no logrará que sus juzgadores sean sus subordinados.

Sucede que en la causa por malversación de fondos públicos contra el jefe del Ejército están involucrados civiles. Por lo tanto, no se les podría aplicar el Código de Justicia Militar ya que son ajenos al estatus militar. Además, se les imputa un delito común y no un delito militar (no hay desobediencia o insubordinación).

Se especulaba ayer que el caso Bendini llegaría a la Cámara de Apelaciones impulsado por una queja del fiscal Miguel Segovia. Y que ese tribunal desecharía el planteo de incompetencia y le ordenaría a Caamaño continuar la investigación en el fuero federal.

A Bendini se lo acusa de desviar presuntamente hacia una cuenta paralela -en la que se depositó medio millón de pesos- fondos generados por el Ejército y que el general supuestamente utilizaba para fines personales. Junto a Bendini están acusados en este expediente el jefe del Servicio Administrativo Financiero de la Brigada Mecanizada XI, teniente coronel Carlos Espósito; su mujer, Alba Pérez; Juan Paqualini, Marcelo Marteletti y Jorge Pérez, que aparecen como beneficiarios de débitos realizados desde la cuenta cuestionada.

Sin embargo, el juez sureño consideró que ese hecho « reviste naturaleza exclusivamente militar, sin perjuicio del destino final que se dio a los fondos debitados de la cuenta».

«La conducta desplegada refiere a actos de militares dentro del ámbito que cada uno desarrollaba en el Ejército Argentino» y, por lo tanto, los actos de todos los imputados en la causa deben ser juzgados por la Justicia castrense», dictaminó el magistrado, quien se apartó de la causa después de haber indagado a todos los imputados.

  • Destitución

    El viernes, el ARI pidió al Consejo de la Magistratura la destitución del juez Caamaño. La presentación fue realizada por el diputado Adrián Pérez. El legislador interpreta que el cúmulo de pruebas existentes en contra de Bendini resultarían suficientes para decretar su procesamiento y el del resto de los partícipes de los ilícitos investigados.

    «Giró la causa a un tribunal cuyos integrantes dependen jerárquicamente del imputado, lo que claramente viola el principio de imparcialidad de los jueces que debe regir en un estado de derecho», se quejó Pérez. La opinión del arista es compartida por el constitucionalista Jorge Vanossi, quien advirtió que el riesgo de este caso es que se intente desdoblar la causa. Es decir, que Bendini y el resto de los militares imputados sean juzgados por la Justicia militar y los civiles (esposasde éstos) por la Justicia Federal.

    «Si hubo una malversación de fondos no es un caso que le competa al fuero militar porque en todo caso son fondos que le pertenecen al Estado. Lo recomendable es que haya una unidad del proceso y que sea un sólo un juez que investigue», acotó Vanossi.

    La resolución de Caamaño tiene otro inconveniente.

    Decide enviar el caso a la Justicia militar cuando ese fuero está más que cuestionado. Lo critica el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y, también, le desagrada a la ministra de Defensa, Nilda Garré.

    En las comisiones de Defensay Asuntos Constitucionales del Congreso hay varios proyectos interesados en la reforma de ese sistema. Todos apuntan a derogar el Código de Justicia Militar de 1951, considerado incompatible con la Constitución y los tratados internacionales incorporados en la reforma constitucional de 1994.

    Uno de los proyectos que más voluntades reúne es el del Ejecutivo. Prevé un sistema basado en dos leyes: de Justicia Militar Penal y Disciplinaria de las Fuerzas Armadas. Este capítulo incorpora figuras como el acoso sexual y la discriminación, y elimina otras « obsoletas», como el calabozo y el confinamiento.

    En cuanto a la Justicia Militar, que será tratada por separado de los aspectos disciplinarios, la ley busca que quienes sean sometidos a proceso por delitos militares tengan las mismas garantías judiciales que cualquier ciudadano ante la Justicia civil. Por eso incorpora la figura de los defensores de confianza, que deberán ser letrados; los tribunales orales como instancias de juzgamiento y el Código de Procedimiento Penal de la Nación adaptado al ámbito militar.
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