Gobierno, víctima de la improvisación

Judiciales

El gobierno estaba claramente interesado el miércoles pasado en que la decisión de Néstor Kirchner sobre la remoción de los funcionarios que podrían estar involucrados en el caso Skanska se conociera con la mayor celeridad posible. No sólo lo consiguió con la sorpresiva conferencia de prensa de Alberto Fernández esa noche, sino también ayer con la publicación del decreto presidencial en el Boletín Oficial, en el que el gobierno reservó lugar de publicación a última hora para poder producir el efecto público que se divulgó ayer.

Si el decreto sorprendió a propios y ajenos al gobierno, en el Poder Judicial y la procuración causó estupor. Nunca habían visto jueces y fiscales que la conversación entre un integrante de la familia judicial, como Stornelli, y un ministro apareciera relatada como una crónica en un decreto presidencial. De hecho, la procuración informó ayer que Esteban Righi «no tomará ninguna medida contra Stornelli, pero si alguien hace una denuncia, se hará la investigación correspondiente».

Las curiosidades de ese decreto no se agotan allí. La redacción de esa orden presidencial no se condice con otros decretos elaborados por Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia y máximo hombre de confianza de Kirchner a la hora de firmar papeles. La duda no sólo alcanzó a la prensa sino a muchos kirchneristas que se negaron ayer a confirmar si Zannini había dado el visto bueno final a esa norma, lejana a los cánones jurídicos usuales.

  • Insuficiencia

    Más allá de apelar a la promesa oficial de «producir ese cambio para reconciliar a la política, a las instituciones, con la sociedad», y recordar que «hemos manifestado públicamente que en el caso conocido como 'Skanka' (por el nombre de una empresa de origen sueco involucrada) si se conociere el nombre de un funcionario que pudiere estar implicado no duraría ni un minuto más en la función», hay un tramo de las argumentaciones del Presidente para tomar la decisión que no sólo es legalmente vago sino también insuficiente para fundar el paso que dio. Segunda curiosidad: el gobierno pareció olvidar una de las «s» de Skanska.

    Kirchner relata, entonces, que «en el día de la fecha, en comunicación telefónica con el señor Ministro del Interior el señor Fiscal Dr. Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle 'que colaboraría con la campaña de Scioli' le expuso además 'me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa' (en la causa mencionada) 'en virtud de una grabación que había escuchado'.

    Esos son los hechos »esa sola circunstancia, la sola y directa mención del fiscal de la causa al Sr. Ministro», según dice el decreto que el gobierno tomó como justificantes para decidir la salida de Madaro y Ulloa de sus cargos.

    Salvo que el gobierno conociera otras alternativas de la causa judicial que aún no se hayan hecho públicas, la mención a la participación de Stornelli en la campaña de Scioli es políticamente injustificada, por lo menos para un candidato a gobernador que fue puesto en esa pelea por el propio Presidente.

    Pero técnicamente también existen errores incomprensibles: Kirchner podía desplazar de su cargo a Madaro precisamente por un error que cometió el propio gobierno al nombrarlo. El presidente del Enargas no accedió a ese cargo por concurso, como marca la ley. Todos recuerdan las denuncias que hizo sobre el caso Alberto Natale en 2004, que el oficialismo, obviamente, desechó. Por eso Kirchner pudo desplazarlo por decreto. De lo contrario hubiera necesitado un «acto fundado» para hacerlo y la intervención «previa de una comisión del Congreso de la Nación».

    Algo similar sucede con Ulloa como jefe de Nación Fideicomisos. Esa entidad tiene autarquía y ésta se justifica por la necesidad de garantizar las inversiones que allí se manejan.
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