La Justicia realizó ayer 14 allanamientos en distintos comercios de la calle Warnes y otros sitios de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires en busca de pruebas contra una banda acusada de reducir o doblar autos que utilizaba otra organización paralela dedicada a secuestros express.
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Los allanamientos -según el secretario de Seguridad de la Nación, Norberto Quantín- son el resultado de una investigación de un año y medio que se hizo en la fiscalía de Saavedra tras la desarticulación de una banda de secuestradores, cuyo cabecilla, apodado «Chirola», está preso por el secuestro y crimen de Juan Manuel Canillas. Durante uno de los allanamientos realizado en una quinta de la ciudad bonaerense de San Pedro, los investigadores secuestraron un auto Ford Focus que el año pasado utilizó parte de la banda de «Chirola» para huir de un procedimiento policial.
Desde que se desbarató la organización, en agosto del año pasado, los investigadores comenzaron a estudiar los pasos de la banda y descubrieron que contrataba a otro grupo para desarmar los vehículos y vender las autopartes, mientras que otra partida era convertida en autos «mellizos».
Con órdenes del juez porteño Julio Corvalán de la Colina, los funcionarios de la fiscalía de Saavedra y personal de la División Asuntos Internos de la Policía Federal hicieron ayer los allanamientos en Warnes, en Villa Devoto, en San Fernando y en San Pedro.
En la investigación se estableció que la organización dedicada al desguace de los autos y la venta de sus autopartes estaba dividida en estructuras jerárquicas. Entre los pedidos de detención que se hicieron se apuntó a los «organizadores, levantadores, intermediarios y reducidores».
La pesquisa que se inició como una conexión de la causa de los «secuestradores VIP» derivó en un expediente mayor donde ahora se investiga el robo y desguace de autos.
Lo que no podían explicarse ayer los investigadores judiciales era cómo fueron habilitados varios de los comercios de Warnes allanados y dónde se vendían las autopartes de vehículos robados.
En la investigación, el fiscal Marcelo Martínez Burgos pidió la detención de 14 personas acusadas de integrar la asociación ilícita, pero Corvalán de la Colina aún no había resuelto anoche si hará lugar a la solicitud.
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