Grave: el fiscal dice que no ordenó detenciones

Judiciales

La chicana más habitual en política es cambiarle al adversario las reglas de juego. Es lo que hizo el gobierno al ver cómo prosperaba la queja de los dirigentes del campo al emplear la modalidad del corte de rutas que consagraron los piqueteros oficialistas desde los tiempos de Eduardo Duhalde, el gobernante que dijo un día: «Si yo no fuera presidente, sería piquetero» (lo echaron los piqueteros después de dos muertes en el puente Avellaneda). Lo que era bueno para el gobierno, que maneja a policías, prefectos y fiscales, pasó de un día a otro, y sin avisar, a ser malo. Siempre fue malo -e ilegal- invadir la libertad del otro, pero el ciclo duhaldekirchnerista llevó la tolerancia en la aplicación de la ley al extremo de poner al país, en algunos momentos, en estado de desorden público. De hecho, el giro que le dio a la crisis con el campo durante el fin de semana puso al gobierno al borde de la arbitrariedad. La Policía Federal y la Prefectura, que hasta ahora tenía órdenes de no intervenir en cortes de rutas de piqueteros y otros activistas, avanzó sobre dirigentes ruralistas y políticos de la oposición con trato desigual respecto de los quejosos ligados al oficialismo. A la ex diputada Margarita Stolbizer, que salió segunda en las elecciones a gobernador de Buenos Aires, le hicieron «tocar pianito» en una comisaría de la Federal en Morón, al notificarla de una citación judicial por participar en un acto del campo en marzo pasado. Como si no supieran quién es, le aplicaron el ritual que eludieron antes los D'Elía cuando invadieron comisarías y cortaron centenares de veces las calles, agredieron a sus adversarios o cometieron otras tropelías. Ese procedimiento incluye un informe ambiental entre los vecinos de Stolbizer para preguntarles qué opinan de ella.

El fiscal de San Nicolás Juan Murray, que la citó, descargó responsabilidades en las fuerzas policiales, que dependen de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad (y Justicia), es decir de Néstor Kirchner, a cargo hoy del gobierno nacional. Los fiscales, además, dependen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, y no pueden contradecir sus dictámenes, que a veces no constan por escrito. Como las órdenes políticas.

Lo mismo hizo Murray en otro trámite en medio de este brote procesal: dijo que la Prefectura detuvo a ocho dirigentes agrarios por descubrirlos en el flagrante delito de quemar pasto a la vera de la Ruta 9, que une Rosario con Buenos Aires. Ni él, ni el juez de esa localidad, Carlos Villafuerte Russo afirmó, «les dieron órdenes a esos prefectos que actuaron con violencia inusitada ante estos quejosos que sólo han aplicado el método consentido por el gobierno desde 2002, pese a los reclamos de los vecinos agredidos por estas formas de invasión de la libertad ajena».

Sin aviso previo, el gobierno en realidad ha hecho caer el fuero piquetero y es de esperar que gendarmes y fiscales actúen también en otros cortes como el de Gualeguaychú, o los que hacen todos los días, en muchas ciudades, los piqueteros oficialistas. No es un cambio trivial: el gobierno argentino apeló a la legitimidad de los cortes como un derecho humano cuando redactó las demandas al Uruguay por la papelera Botnia. Pagó fortunas a abogados para que desarrollasen el argumento de que cuando no hay respuesta a los reclamos de un gobierno es lícito cortar rutas y que es una manera de ejercer el derecho de expresión. Tanto permeó esa idea que los ruralistas vieron el medro de ese método para su queja contra las retenciones móviles que aplicó el gobierno el 10 de marzo, una decisión sobre la cual el kirchnerismo quiere que como en las épocas bravas del conservadurismo o en las dictaduraslos dirigentes reflexionen en un calabozo.

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