Hay cuatro procesados por muerte de policía en el Sur

La viuda de Jorge Alfredo Sayago encabezó el martes en Caleta Olivia junto con su hija Marcia Agustina -de 1 año y 3 meses- un oficio religioso al cumplirse un mes de la muerte del policía, al que se sumaron efectivos de esa fuerza de seguridad.

Santa Cruz - Dictó ayer la Justicia el procesamiento con prisión preventiva a cuatro de los cinco imputados por su presunta vinculación con la muerte del policía Jorge Alfredo Sayago, durante la revuelta petrolera frente a la alcaidía de Las Heras, en la madrugada del 7 de febrero. El quinto detenido también deberá cumplir prisión preventiva, pero por su presunta vinculación a la refriega, no al asesinato.

Los imputados son Darío Víctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao (dos operarios del sector petrolero), Alexis Alihuen Pérez y Ramón Inocencio Cortez (este último, dirigente del SOEM) por el delito de homicidio calificado, por el que podría caberles una pena de reclusión perpetua. Trabó, además, la magistrada de la causa un embargo por 40 mil pesos sobre cada uno de los procesados para cubrir las costas del juicio y otras eventuales diligencias.

La jueza de la causa resolvió, además, dictar la falta de mérito para Juan Domingo Bilbao ( cacique tehuelche de 38 años), padre de Juan Pablo, en relación con la muerte de Sayago. A Juan Domingo la Justicia lo encontró culpable por la revuelta.

La resolución judicial que se conoció ayer, al cumplirse el plazo de 10 días hábiles desde la detención de los imputados, estableció procesamiento con prisión preventiva para los cinco detenidos en relación con otra causa abierta, en este caso, por el delito de «coacción agravada» en concurso real, es decir, en forma simultánea con el « entorpecimiento de transporte», trabando un embargo de 10 mil pesos sobre cada uno de ellos. La figura penal de «coacción» se vincula a la actitud amenazante que habrían tenido los imputados con el fin de conseguir un objetivo: la liberación del por entonces detenido, el activista Mario Navarro. Mientras que la calificación de «agravante» se refiere a la presión que ejercieron en esa ocasión sobre el Poder Judicial y la Policía provincial frente a la alcaidía, escenario de la revuelta, para conseguir la liberación del activista petrolero, cuya detención se había solicitado por entorpecimiento de la vía pública (bloqueaban rutas y yacimientos desde el 23 de enero). Por coacción agravada, la pena mínima es de cinco años y no es un delito excarcelable.

• Lesiones graves

La Justicia decretó también el procesamiento con prisión preventiva de Catrihuala, por encontrarlo «prima facie» penalmente responsable del delito de lesiones graves en perjuicio de otro efectivo policial, Victoria, que resultó herido de bala durante el operativo de seguridad en el que murió Sayago. Declaró, además, la falta de mérito para procesar o sobreseer a Alexis Alihuen Pérez, Juan Pablo Bilbao y Ramón Inocencio Cortez por lesiones leves y graves de las que resultaron víctimas otros efectivos de la Policía.

Según explicaron fuentes tribunalicias, los cinco procesados continuarán detenidos en la alcaidía de Puerto Deseado mientras se sustancie la causa y hasta que se lleve a cabo el juicio, salvo que la defensa de los imputados presente pruebas contundentes sobre su inocencia. Un trámite que recién podrá concretar la defensa una vez que se levante el secreto de sumario que rige para la causa. Desde el Juzgado de Instrucción 1 de Pico Truncado, donde se sustancian las causas, se advertía anoche que se podría apelar a alguna alternativa legal para imponer una nueva prórroga sobre el secreto de sumario, que inicialmente venció el 24 de febrero, y se prorrogó hasta mañana inclusive. En ese marco, podrían decretarse nuevos allanamientos para librar otras detenciones o secuestrar más pruebas. El secreto de sumario impide conocer cuáles son las pruebas de las que se valió la Justicia para decretar los procesamientos.

Durante la jornada de ayer, fueron trasladados bajo un estricto operativo de seguridad los cinco detenidos desde Puerto Deseado hacia Pico Truncado para ser indagados en relación con otra causa abierta por supuestos «apremios ilegales» que denunciaron sus familiares y de los que habrían sido víctimas cuando se realizaron los allanamientos el 24 y el 25 de febrero. Sugestivamente, la denuncia por apremios fue presentada por el jefe de la Policía, el comisario general (R) Wilfredo Alejandro Roque, el mismo que encabezó los operativos. La presentación de Roque ante la Justicia se realizó luego de una reunión del titular de la fuerza con los familiares y poco después que un tío de Sayago se entrevistara con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, donde pidió la cabeza de Roque.