Indultos llegan ya a la Corte Suprema

Judiciales

La Cámara de Casación dictó el viernes un fallo que sienta precedente para la anulación definitiva de los indultos que beneficiaron a condenados o acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La anulación del «perdón» que en 1989 el entonces presidente Carlos Menem otorgó, entre otros, al ex general Santiago Riveros, resuelta por el máximo tribunal penal, allana el camino para que la Corte Suprema se expida sobre la legalidad de los indultos.

Esta es la primera vez que la Cámara de Casación Penal se pronuncia sobre los indultos que Menem concedió a militares y miembros de las fuerzas de seguridad condenados o acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Hasta el momento, sólo jueces de primera y segunda instancia habían declarado « inconstitucionales» los indultos de varios ex militares y la Corte Suprema presidida por Enrique Petracchi había evitado en 2005 pronunciarse sobre el tema, al argumentar que era la Cámara de Casación Penal la que primero debía emitir su opinión.

Riveros está procesado por «aberrantes delitos» cometidos en el complejo militar de Campo de Mayo.

El ex general fue comandantede los Institutos Militares en Campo de Mayo, en cuya jurisdicción funcionaba el Hospital Militar, desde donde, se presume, habrían sido sustraída una gran cantidad de bebés nacidos en partos clandestinos efectuados durante el cautiverio de sus madres.

  • Denuncia

    Por esa causa, Riveros fue denunciado por integrantes de las Abuelas de Plaza de Mayo que expusieron ante la Justicia un «plan sistemático» instrumentado por la dictadura para apropiarse de 194 bebés nacidos en cautiverio.

    En noviembre de 2004, un juez había anulado el indulto que benefició al ex general, pero en marzo del año siguiente un tribunal de segunda instancia de la localidad bonaerense de San Martín revocó aquella medida.

    El expediente llegó entonces a la Corte Suprema que lo remitió a la Cámara de Casación Penal y retrasó una definición sobre el asunto.

    En su resolución, la Sala II de la Cámara de Casación rechazó planteos de Florencio Varela, el abogado defensor de Riveros, quien sostuvo que de avanzar el proceso contra el ex militar se lo estaría juzgando dos veces por los mismos hechos. «Institutos tales como la prescripción de la acción penal o la cosa juzgada en casos en los que paradójicamente se obstruyó el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva requieren observar cuáles son las consecuencias que generan», dice el fallo de casación.

    Los camaristas invocaron además tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, a los que la Argentina adhirió antes del dictado de los decretos de indulto.

    «Esta colisión frontal, al comprometer en primer lugar atributos esenciales del ser humano y luego la responsabilidad del Estado asumida a través de compromisosinternacionales, priva de eficacia al decreto en cuestión y, por lo tanto, conlleva inexorablemente a declarar su inconstitucionalidad», dice la resolución.

    Según Florencio Varela, el fallo de casación «afecta la seguridad jurídica» y por lo tanto dijo que apelará ante la Corte Suprema.

    Riveros cumple actualmente prisión preventiva por ser considerado uno de los organizadores del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de las acciones represivas conjuntas de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

    El ex militar había sido condenado a cadena perpetua en 2000 por un tribunal de Italia que lo enjuició en ausencia por la desaparición de ocho ítaloargentinos.

    El debate sobre la constitucionalidad de los indultos quedó reabierto después de que el Congreso derogara en 2003 las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas a mediados de los años 80, que libraron de responsabilidad a más de un millar de militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
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