Informe de AFIP: hubo casi 250 detenidos por evasión desde enero de 2002

Judiciales

Las denuncias penales impulsadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en causas por evasión tributaria y previsional y por narcotráfico derivaron en casi 250 detenciones en los últimos tres años y medio, según un informe elaborado por el organismo recaudador.

El dato se desprende de un trabajo elaborado por la AFIP, que precisa el resultado del accionar de la Justicia en distintas investigaciones llevadas a cabo entre enero de 2002 y mayo de este año, lapso en el cual fueron detenidas 247 personas denunciadas oportunamente por el organismo recaudador.

En el desagregado anual, la mayor cantidad de detenciones se realizaron en el transcurso del año pasado, cuando fueron a prisión 149 evasores, casi el 60 por ciento del total acumulado de los últimos 41 meses.

La cifra menor se produjo en 2002 con 17 detenciones, pasando a 39 en 2003, con el pico mencionado en 2004, año en el que se detuvieron a 42 personas en los primeros cinco meses.

El informe de la AFIP y que se difundirá en los próximos días, también hace referencia a distintas irregularidades que fueron motivo de indagatorias, procesamientos, condenas y prisiones preventivas.

En cuanto a prisiones preventivas, siempre en el mismo período de referencia, la Justicia informó sobre un total de 56 casos, mientras que el número de condenados ascendió a 214.

Las personas indagadas por eventuales irregularidades que se enmarcan en el ámbito de la AFIP fueron 1.866, mientras que el total de 1.022 procesados marca una pronunciada escala descendente desde enero de 2002 hasta la primera mitad del año en curso.

La causa más resonante se tramita en el Juzgado Penal Económico Número 3, a cargo de Julio Speroni, que recientemente ordenó la detención de los principales responsables de una organización dedicada a la creación de empresas fantasmas que posibilitaron la evasión de impuestos de más de 2.000 contribuyentes.

Así fue como Silvia Hernández (detenida) y Roberto Viazzo (prófugo) fueron calificados como jefes y organizadores de una asociación ilícita que tuvo como única finalidad la de facilitar la evasión tributaria de terceros contribuyentes.

Hernández y Viazzo se constituyeron en los primeros imputados sobre los que recayó una orden judicial de privación de sus libertades en la causa que lleva aproximadamente tres años de investigación conjunta del Tribunal, la AFIP y la Fiscalía Penal Económico número 6.

En el expediente conocido como Megacausa, se llevaron a cabo más de 200 allanamientos que comprendieron no sólo a las llamadas empresas fantasmas, sino también a las empresas usuarias de las facturas apócrifas entregadas por la organización delictiva.

En esa situación se encontraron empresas como Telecom, Disco, Cuatro Cabezas, Agulla y Baccetti, Polka, Naya Comunicaciones, Conarpesa, Ciccone Calcográfica, Banco Piano y Benito Roggio, entre otras.

Directivos de estas compañías comparecieron ante la Justicia y, en la mayoría de los casos, deslindaron responsabilidades al argumentar que esas facturas les fueron presentadas.

En el operativo más gigantesco en la historia del control impositivo en la Argentina participaron alrededor de 1.500 inspectores, con el auxilio de 400 efectivos de Gendarmería Nacional, quienes prestaron servicio en los allanamientos efectuados en unas 200 empresas con domicilio en nueves provincias, más esta Capital y el Gran Buenos Aires.

Si bien la AFIP considera que se avanzó "mucho y bien" en materia de investigación, indicó que se seguirá en la línea de profundizar los operativos destinados a detectar la existencia de asociaciones ilícitas conformadas con el objetivo de evadir impuestos a través de la emisión de facturas falsas.

A la luz de las "buenas señalas" provenientes de la Justicia, el organismo recaudador reforzará los operativos "no sólo contra las usinas generadoras de facturas apócrifas, sino también con severos controles en la Aduana".
 

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