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Insiste el gobierno en la judicialización de Lavagna

Roberto Lavagna
La denuncia se refiere a una supuesta maniobra «consentida e impulsada a través de los funcionarios dependientes del área legal de este ministerio» que respondió al «intento de consumar un grave perjuicio fiscal, pues a una deuda de por sí inexistente, se la intentaba multiplicar geométricamente mediante la utilización de mecanismos espurios y contrarios a la normativa vigente».
Se destaca que ya la Oficina Anticorrupción había advertido a fines de 2002 al ministro Lavagna acerca del «sugerente ultrainterés de las autoridades por mantener la validez de las resoluciones de la interventora de ENTel, eludiendo la declaración de nulidad» y que se omitieron los recaudos destinados a «cuestionar, discutiry/o negociar la rendicióny liquidación final de cuentas de un contrato que a la postre le significaba un detrimento económico de notoria importancia a las rentas nacionales». Y que también la Auditoría interna había advertido que el acuerdo que motorizaba «no encontraba amparo en la normativa vigente» y que «la adopción de dicha decisión podría sentar un precedente de significativo impacto en el fisco».
Se agrega en la denuncia que «esta matriz perjudicial para los intereses del Estado se repitió con algunas variantes en el llamado caso Greco, donde la mayoría de los funcionarios nombrados maniobró dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente, persiguieron a través de estos medios la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable».
Economía ratificó que «nada se debe al Grupo Meller» y solicitó también la posibilidad de presentarse como querellante.
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