Investigan costoso arreglo de helicópteros presidenciales

Rodolfo Canicoba Corral.

La empresa que ganó la licitación convocada por el gobierno nacional para la reparación de dos helicópteros de la Presidencia de la Nación quedó ayer bajo sospecha de presunto fraude al Estado, y ahora se averigua si el supuesto ilícito tiene vinculaciones con las irregularidades en las rendiciones de cuentas del avión presidencial Tango 01.

La investigación contra la firma ALHOS SA fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien le reclamó al juez Rodolfo Canicoba Corral que investigue si hubo sobrefacturación, irregularidades en remitos y duplicados adulterados de facturas, entre otras maniobras que habrían perjudicado al Estado en esa licitación adjudicada por 950 mil dólares el 3 de mayo de 2003, pocos días antes de la asunción del Presidente.

Según el fiscal, «existen elementos suficientes» para investigar a responsables de la firma cuestionada, en base a una denuncia que presentó a principios de mes el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

El fiscal pidió a Canicoba Corral que ordene medidas de prueba, y de hecho ya se concretó un allanamiento a la empresa sospechada, de donde se secuestró documentación.

En la denuncia presentada por Parrilli a la Justicia, se especificó que se trató de la licitación para la reparación con provisión de repuestos originales de fábrica o reparados de los helicópteros de Presidencia Sikorsky S-70 y S-76, matrículas H-01 y 0-02. La adjudicataria fue ALHOS SA, contratación por la que se emitió una orden de compra por 950 mil dólares.

Una auditoría interna determinó que de los 34 repuestos facturados desde Estados Unidos por Helicopter Support Inc. -la fabricante internacionala la empresa argentina, sólo se le habrían hallado 15. No se habría podido comprobar que los restantes 19 hubiesen sido usados en los helicópteros presidenciales.

También se habría verificado la sustitución de una factura original por otra con diferencias en la cantidad de repuestos, en su identificación y sin precios unitarios.

Una investigación interna de Presidencia-detectó que un repuestoreparado con un valor de 7.500 dólares habría sido cobrado por la empresa argentina al Estado como nuevo, por un total de 21.258,45 dólares.

En la empresa investigada, el juez Canicoba Corral secuestró repuestos de los helicópteros, prohibió su uso, pero luego retiró esta medida debido a que eran necesarios para esas aeronaves.

El «modus operandi» utilizado para cometer la presunta maniobra defraudatoria tendría similitudes con la ocurrida con el avión presidencial. Por eso, el fiscal pidió que se investigue si existen puntos de conexión entre esta causa y la que desde octubre del año pasado investiga presuntas irregularidades en rendiciones de cuentas del avión Tango 01.

En esa línea de acción, Pollicita pidió al fiscal de ese caso, Jorge Di Lello, el envío de toda la documentación para compararla ante posibles vínculos entre empresas sospechadas en ambos casos.