Investigan si empresa pagó a Menem

Ya no oculta el gobierno la existencia de una embestida judicial contra el ex presidente Carlos Menem. Y ha redoblado esfuerzos para involucrar al ex jefe de Estado en episodios de corrupción. No es sino una vieja y frustrada aspiración del encono de Eduardo Duhalde ahora materializada en la gestión de Néstor Kirchner. La estrategia es que Menem termine preso, y, si fracasa el intento (como sucedió en el caso armas), sea alguien de su círculo íntimo quien vaya a prisión.

Quien viene a encabezar esta nueva estocada no es otro que el fiscal federal Carlos Stornelli: un viejo enemigo de Menem que perdió en la pulseada por dejar en prisión al ex presidente a quien acusó de «comandar» una asociación ilícita en el tráfico de armas a Croacia y Ecuador bajo el amparo de decretos presidenciales. En esa recordada acusación -que luego fue desmoronada por sus superiores-, Stornelli dijo que la banda estaba comandada por Menem y organizada por Erman González, Emir Yoma y Martín Balza, y puso entre los miembros al ex canciller Guido Di Tella.

Ahora y a partir de la investigación de una cuenta en Suiza (abierta en 1986, que pertenecea su ex esposa Zulema Yoma por 650 mil dólares producto de la indemnización por su detención), el fiscal Stornelli cree estar frente a una compleja red de cuentas y propiedades que Menem tiene en distintos puntos del mundo que no fueron declaradas y para ocultarlas el ex mandatario echó mano de testaferros.

•Cadena

Para el siempre polémico Stornelli se está frente a una posible cadena de ilícitos relacionados entre sí, como la falsedad documental o ideológica de documento público y hasta -presurosamentesupone que escondería el delito de lavado de dinero. Al menos eso es lo que dejó en evidencia en la presentación que realizó ante el juez Norberto Oyarbide.

El juez que antes le había dictado a Menem la «falta de mérito» en la causa de la cuenta de Suiza, ha decidido ahora acompañar los pedidos del fiscal Stornelli. Ya comenzó a elaborar una catarata de exhortos internacionales que tienen como destino 15 instituciones bancarias ubicadas en puntos tan distintos como Gran Bretaña, las islas Cayman y las Bahamas, Luxemburgo, el Estado de Israel, Hong Kong, Chile, Alemania, Panamá y Uruguay.

Le ha pedido también al Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos información de cuentas a nombre de 57 personas que fueron calificadas como supuestos testaferros de Menem.

En las próximas horas, tiene pensado reclamar a la FINCEN (Financial Crime Enforcement Network) -una red de información financiera para la detección de actividades de lavado de dinero de los Estados Unidos-información respecto de las cuentas bancarias, títulos, bonos y participación accionaria de Menem en ese país.

Además de los ya habituales nombres vinculados al ex presidente como Alberto Kohan, Armando Gostanian, Emir Yoma y Ramón Hernández, el fiscal Stornelli le ha sumado otros menos conocidos como Aída Samira Snatin, Aurelia Eldi Hoffman, Cristina Adela Goncálvez, Susana Djebalian, la esposa de Gostanian y familiares de Kohan.

En ese paquete de reclamos para investigar figuran los nombres de 29 empresas sobre las cuales se sospecha fueron utilizadas como «caja de depósito». Stornelli intuye que empresas como Austal, Charen, Clunan, Elthang Trading CO., Financiera Timbal, Hyton Trade, Internacional Investment Management, Mallorca Enterprise, South Pacific Trade y hasta la misma Massalin Particulares pudieron ser utilizadas como vehículos de supuestas maniobras ilícitas realizadas por Menem o, al menos, por gente de su entorno.

•Destrucción

En esta movida pretenden que la Inspección General de Justicia abra los registros para que informe si los «57 testaferros» de Menem registraron entre 1986 y 2000, a su nombre, sociedades, asociaciones o fundaciones. Una petición similar le hicieron al Registro de la Propiedad Inmueble.

Ayer, el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, confirmó que el gobierno está interesado en destruir a Menem. Dijo que el ex presidente «tiene que dar explicaciones sobre el dinero mal habido que tiene» y se empeñó en recordar que « tiene 60 causas iniciadas en su contra», aunque ninguna de ellas ha probado irregularidades. El comentario de Béliz no fue para nada casual. Tuvo como contexto el hospital Churruca, donde demagógicamenteanunció mejoras salarialespara los miembros de la Policía Federal después de destacar que había sido posible por «combatir la corrupción».

No es casual tampoco que en las 17 páginas del escrito que Stornelli le presentó a Oyarbide haya incluido la solicitud de incorporar a esta causa todas las que vinculan de alguna forma a Menem. Desde la que se investiga la construcción de la pista de Anillaco, la residencia La Rosadita y El Refugio, hasta las impulsadas por el siempre mediático abogado Ricardo Monner Sans.

Menem redobló ayer la apuesta y aseguró que cuando regrese a la Argentina presentaráuna denuncia contra sus «difamadores», entre los que incluyó a Kirchner, Duhalde y Béliz.

Lo curioso de todo este caso es que el único exhorto que sobrevive de la decena que se enviaron al exterior para investigar a Menem por enriquecimiento ilícito es el de Oyarbide por la cuenta de Suiza. Y como se admitía ayer en Comodoro Py, si Suiza no responde -como no lo ha hecho hasta ahora-, será difícil que Stornelli y gobierno mantengan su empecinamiento de llevar a Menem preso. Es probable, también, que ninguno de los otros bancos internacionales responda. La causa quedará así en completo punto muerto.