Involucra al Gobierno el caso Skanska: echan a 2 funcionarios

El peor daño que podía padecer el gobierno Kirchner lo sufrió ayer: dos altos funcionarios (Fulvio Madaro, titular de Enargas, y Néstor Ulloa, a cargo de los fideicomisos del Banco Nación) fueron cesanteados debido a que hoy deben comparecer ante el juez Guillermo Montenegro. Aparecen imputados de presunto cohecho en grabaciones capturadas en un allanamiento en la empresa Skanska (tarea del juez Javier López Biscayart). Primera evidencia de corrupción en un gobierno que presumía de transparencia y afirmaba que los sobreprecios en un gasoducto eran un negocio espurio sólo entre privados. Razonable actitud la de separar a los funcionarios para un caso que, lamentablemente, recién comienza. También para algunos empresarios privados. La desgrabación que seguramente va a publicar algún matutino por imprudencia del controvertido juez Javier López Biscayart, en realidad, ya la disponía desde hace tiempo. Incluso un enviado del Grupo Techint, hace dos semanas cuando fue a entrevistarse con Alberto Fernández, le mostró esa evidencia al jefe de Gabinete y, por tanto, la gravedad de la situación. Nadie sabe, salvo debilidad del juez López Biscayart, cómo se hicieron en esa empresa de la evidencia. Anoche seguían en Olivos reunidos en emergencia los principales hombres del Presidente y el propio Néstor Kirchner. Incluso discutían la posibilidad de emitir un comunicado en la madrugada.

Carlos Stornelli

A las cinco de la tarde de ayer, el fiscal Carlos Stornelli se comunicó con el ministro del Interior, Aníbal Fernández y le informó que dos funcionarios del gobierno iban a ser citados a indagatoria por su vinculación en cobro de coimas en la causa Skanska. La Casa Rosada se movió rápido. Hizo las averiguaciones que correspondía y cuatro horas después el jefe de Gabinete en persona anunció en conferencia de prensa el desplazamiento por decreto de Néstor Ulloa y Fulvio Madaro.

La gentileza de Stornelli fue devuelta con un carpetazo de Alberto Fernández: «Stornelli tras manifestarle al titular de la cartera política que colaboraría con la campaña de Scioli, le expuso además que 'me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa en virtud de una grabación que había escuchado'», relató el jefe de Gabinete.

El fiscal se habría referido a grabaciones en las que ejecutivos de Skanska hablaban sobre el reparto de sobornos. Esa prueba fue recogida el martes por el juez Javier López Biscayart en un allanamiento realizado en el edificio de Skanska.

«Esa sola circunstancia, la sola y directa mención del fiscal de la causa al señor ministro, aun con el riesgo de involucrar a inocentes, amerita ordenar la inmediata separación de aquellos aludidos no sólo para permitir la plena libertad de la acción de la Justicia sino también para impedir cualquier interpretación antojadiza de la actitud del gobierno en este punto, lo que torna innecesario esperar las citaciones judiciales que pudieran o no producirse», dijo referiéndose al decreto.

«Así que vas a ser ministro de Scioli», interrogó el ministro.

«¿Te gusta?», respondió a modo de broma el fiscal y luego le comunicó que el juez Guillermo Montenegro había dado luz verde a su acusación contra Ulloa y Madaro. Para el ministro esa expresión es que admitiría que colaboraría en la campaña del vicepresidente a la gobernación de Buenos Aires.


Hace dos semanas la Casa Rosada -vía Graciela Ocaña-le mandó a pedir a Stornelli que avisara cuando salieran las indagatorias de los dos secretarios de Estado. Querían echarlos antes de verlos desfilar por tribunales. El fiscal cumplió y después de elevar a Montenegro el escrito de acusación lo llamó al ministro del Interior.

De paso, Fernández destacó que la decisión de echar a los imputados es coherente con la promesa del gobierno respecto de su accionar ante la corrupción: «Si se conociere el nombre de un funcionario que pudiere estar implicado, no duraría ni un minuto más en la función».

Era lo que venía diciendo desde hace un mes, cuando abundaban las versiones sobre el pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación.

«Queremos garantizar a la Justicia que pueda actuar independientemente», sostuvo Fernández al exponer que Kirchner, mediante el Decreto 539, dispuso desplazar a Madaro y Ulloa ante la «imputación concreta» que pesa sobre los funcionarios, por su posible responsabilidad en maniobras de corrupción administrativa en obras públicas adjudicadas a la compañía sueca Skanska.

El fiscal Stornelli había requerido al juez la indagatoria de Madaro en febrero pasado. Tambiénle propuso ampliar la investigación a varios funcionarios del Ministerio de Planificación.

La pesquisa que conduce Montenegro se aceleró a partir de un dictamen de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ese tribunal de alzada dirimió en favor de Montenegro la disputa que el juez federal mantenía con López Biscayart por la investigación de Skanska.

Dos semanas atrás Stornelli volvió a ampliar la investigación y avanzó sobre las empresas privadas BTU, Contreras Hermanos, Techint y Odebrecht, que tuvieron participación en las obras de los gasoductos y la semana pasada fueron allanadas por orden de Montenegro.

Si bien se trata de obra pública, la explotación de los gasoductos está en manos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur SA (TGS), es decir dos compañías privadas. La maniobra que investiga la Justicia, a través de dos expedientes, se habría producido con la decisión oficial de aumentar la capacidad de los gasoductos y financiar esas obras con los fondos de la unidad de Fideicomisos del Banco Nación.