Ayer la Sala II de la Cámara Federal integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah decidió que el juzgado porteño de Daniel Rafecas es competente para investigar el delito que se le endilga al almirante Jorge Godoy, titular de la Armada, por presunto abuso de autoridad en relación con el espionaje a políticos en Trelew. El marino fue imputado en una causa paralela a la del affaire del espionaje a políticos presuntamente realizado por la oficina de inteligencia de la base aeronaval Almirante Zar que se instruye en Rawson, porque se encontró un documento: el Plan Básico de Inteligencia Naval, edición 2005, con su firma.
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El defensor, semanas atrás, hizo una presentación ante el juzgado federal de Daniel Rafecas para que el proceso contra su pupilo, el jefe de la Marina, se trasladase de Rawson a la Capital Federal en razón de que el presunto delito habría comenzado a cometerse en el lugar de asiento del comando del arma: la Ciudad de Buenos Aires. Rafecas se negó y todo fue en apelación por ante la Cámara Correccional Federal que resolvió a favor de la petición del almirante.
En el mismo trámite, fue beneficiado con la modificación de la jurisdicción el subjefe de la Armada, vicealmirante Benito Rótolo.
La causa madre del espionaje comenzó hace dos años, en coincidencia con el 30º aniversario del golpe militar de 1976. En un trámite posterior el CELS denunció a la cúpula naval por la presunta responsabilidad que emana de la firma del Plan Básico de Inteligencia Naval, documento que a su entender dio luz verde a las actividades ilícitas. Interpretó la querella del CELS que dos objetivos del Plan, las denominadas «amenazas asimétricas» y «la comunicación institucional y contrainteligencia sobre todo actor que pretenda incidir en la institución», habilitaban a los agentes navales a realizar tareas de inteligencia interna. El arrepentido Carlos Alegre, cabo especialista en inteligencia, integrante de la oficina de Zar, fue quien cedió datos al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que luego radicó la denuncia ante el tribunal federal de Rawson a cargo del juez Hugo Sastre. En la causa madre hay 7 imputados, todos de baja jerarquía, oficiales y suboficiales, y los representa el abogado Guillermo Hervida. A ese «pelotón de condenados», como se los identifica luego de la separación de las causas bendecida por la Cámara porteña, se sumarán ahora el ex comandante de la Aviación Naval, contraalmirante Luis De Vicenti, y su subordinado en la base Zar, capitán de navío Miguel Fajre.
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