26 de julio 2005 - 00:00

Militares procesados no irán a Campo de Mayo

El gobierno retacea fondos para que no se puedan terminar obras en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, ha anticipado a sus mandos del Estado Mayor que a partir de setiembre a los oficiales y suboficiales presos no los podrá alojar en ninguna unidad militar. En tanto que las obras de ampliación del penal de Campo de Mayo siguen paradas, el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, está apurando el trámite para que se concluyan las iniciadas en Puerto Belgrano. Hay quienes han aventurado que habrá militares que, en la emergencia, serán alojados en el penal de Marcos Paz, donde estuvo el fallecido ex general Guillermo Suárez Mason.

Los militares procesados mayores de 70 años estiman que no serán transferidos con «prisión domiciliaria» atendiendo a su edad, sino después de transcurridos 30 días, tiempo que calculan demandará el trámite procesal. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto a las secretarías de DDHH de las provincias, han pedido a los jueces federales de cada jurisdicción celeridad en las causas que se instruyan, llegando incluso a dejar listas de personal en actividad y retirado con domicilio en cada una de ellas, para facilitarles la tarea.

Por su parte, Néstor Kirchner incurrió ayer en una perogrullada en su visita a la provincia de Santiago del Estero: aseguró que luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ahora «habrá que esperar» lo que decida la Justicia con respecto a los indultos dictados por Carlos Menem. «Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida han sido anuladas.Ya no hay trabas y ahora hay que esperar que la Justicia diga qué pasa con los indultos», expresó Kirchner al ser consultado sobre los juicios seguidos contra militares por la presunta violación de los derechos humanos en los '70.

Desde el Ministerio de Justicia, el vocero del titular, Horacio Rosatti, señaló ayer al ser consultado que la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final «ha abierto el camino» para que se reanuden los juicios, y que en el caso de los indultos, algunos están en la Cámara de Casación Penal y «otros que volvieron a la Corte y estimamos que van a seguir el mismo camino que las leyes del perdón».

• Escalada

Esta situación tiende a agravar la situación de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en particular el del Ejército, por los juicios que en agosto recomenzarán a militares acusados de violar derechos humanos en los años '70. Los análisis que se hacen en cada una de las fuerzas apuntan a una escalada del poder político, que provoque alguna reacción « carapintada», y que ésta justifique por parte de los «leales» la represión de los rebeldes. Si es posible antes de las elecciones del 23 de octubre. Una especie de Semana Santa II que tonifiqueelectoralmente al gobierno. Sin embargo, desde Justicia se advirtió ayer que ha habido gestiones del ministro de Defensa, José Pampuro -se ha hablado-, para «que haya el menos circo posible en estos temas; que no aparezcan de pronto con una orden de allanamiento en un cuartel para citar o detener a alguien», apuntaron. Que los procedimientos «se hagan en forma ordenada y civilizada», fue el pedido de Pampuro.

A diferencia de lo ocurrido en Semana Santa del '87, no existe hoy en el Ejército un teniente coronel
Aldo Rico que, despreciando las consecuencias de sus actos, esté dispuesto a desafiar al gobierno. Tampoco en la Armada. En la Fuerza Aérea no hay prácticamente casos que pongan en riesgo la cadena de mandos.

Dejá tu comentario