Obvio: procurador fue contra Boggiano

Judiciales

«Los senadores -incluso cuando se constituyen en jueces en un juicio político por definición son políticos, pertenecen a partidos políticos. En el momento de juzgar a un juez de la Corte Suprema, se estará ante un acusado que fue nombrado en su cargo por un presidente que perteneció a un determinado partido político y ratificado por un Senado, que también tuvo una composición política determinada.»

La definición le pertenece al procurador Esteban Righi y es núcleo del dictamen por el que aconseja a la corte de conjueces seguir los pasos del Congreso y avalar la destitución e inhabilitación por tiempo indeterminado de Antonio Boggiano.

El esperado pronunciamiento se conoció ayer luego de dos meses de silencio.

Cumplido este trámite,
el Tribunal supletorio podría resolver el martes próximo la destitución del ex ministro. Fallaría con ocho miembros y ya tendría la mayoría de cinco votos para impedir el regreso de Boggiano al máximo tribunal de justicia del país.

Righi
rechazó los argumentos de Boggiano sobre la presunta violación de garantías y a lo largo de 51 carillas se ocupó de expresar que el juicio político no requiere la rigurosidad de un proceso penal.

«El juicio político es un mecanismo del Estado para depurar de su estructura a alguien que no es considerado apto para integrarlo como funcionario»,
escribió el procurador.

Y subrayó:
«Los jueces de la Corte Suprema son parte del Estado y, por eso, también es el Estado quien soporta los costos de que no haya un mecanismo posible de remoción que cumpla con el mismo estándar de garantías que el proceso penal».

Durante todo el proceso de enjuiciamiento y, luego, en sus planteos ante la Justicia, Boggiano siempre sostuvo que su destitución fue decidida antes del comienzo del juicio político. Y que la decisión de removerlo de su cargo existía antes del desplazamiento de Eduardo Moliné O'Connor.

«El temor a ser juzgado por un adversario político es razonable»,
remarcó Righi, pero consideró que el juicio político «es un instrumento legítimo y necesario».

«Su diseño constitucional no es violatorio de derechos o propiamente inconstitucional. Y por lo tanto, tiene que ser posible juzgar a jueces a pesar de que inevitablemente los senadores tendrán una concepción política que puede o no coincidir con aquella que promovió a la judicatura del magistrado.»

El procurador entendió que cuando los senadores sometieron a
Boggiano a juicio político «apreciaron la conducta del sometido a enjuiciamiento y concluyeron que era impropia de un juez de la Nación».

El dictamen de Righi también se pronunció sobre la inhabilitación por tiempo indeterminado de Boggiano. Al respecto sostuvo que sobre los 50 senadores que se encontraban presentes al momento de votar, «36 votaron que la inhabilitación fuera por tiempo indeterminado, por consiguiente se superó la mayoría necesaria que se lograba con 34 votos».

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