Oyarbide obvio ordena detener a "Isabelita"

El túnel del tiempo no tiene límites y es tan ancho que son ya dos jueces y un fiscal los que reclaman la detención de «Isabelita» Perón por sus responsabilidades en los crímenes de la banda Triple A. Luego de treinta años de distracción en este asunto, hay peronistas que padecen de brotes de memoria y desentierran ahora anécdotas sobre reuniones de gabinete en las que se ordenaban muertes o festejos de cumpleaños de Juan Perón en los que éste organizaba el terrorismo de Estado que vivió el país en 1973-1976. Obvio que en tamaño frenesí el juez Norberto Oyarbide ordenase la detención de la ex presidenta, algo que reclamará en las próximas horas un fiscal de Tucumán.

«Isabel» Perón

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ayer la «detención a nivel nacional e internacional» de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, en la causa en la que investiga los delitos cometidos por la Triple A. La medida contra «Isabelita» se suma a la ya adoptada por el juez federal mendocino Héctor Acosta, quien logró el viernes pasado la detención en España de la ex mandataria, liberada a las pocas horas, y que desarrolla el pedidode extradición. Las causas que llevan Acosta y Oyarbide son por motivos diferentes, pero ambas relacionadas con el accionar de la organización paramilitar Triple A que funcionó durante el último gobierno peronista hasta al golpe militar del 76. Acosta investiga la desaparición de un estudiante en Mendoza que figura liberado por las fuerzas policiales el 10 de marzo de 1976 -poco antes del golpe-, pero que nunca apareció.

Oyarbide avanza en todos los crímenes que se le imputan a la Alianza Anticomunista Argentina, los cuales fueron declarados de lesa humanidad y, por lo tanto, resultan imprescriptibles. En su resolución de tres carillas, el juez federal porteño dictó el procesamiento de la ex presidenta y la citó a declaración indagatoria a cuyo efecto dispuso su captura.

El pedido de Oyarbide contra Isabel Perón es el segundo en menos de una semana y es independiente del formulado por el juez federal Acosta, ya que así son los pasos procesales.

Según la resolución del juez, «en la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional -el de Bienestar Social-se habría gestado y habría funcionado la asociación ilícita Triple A». Esa cartera estaba a cargo del fallecido José López Rega y se le adjudica a la organización haber cometido más de 1.500 secuestros, atentados y asesinatos.

Oyarbide agregó que « dentro de sus oficinas, incluso, se encontró cantidad de armamento que excede ampliamente lo que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de sus dependencias y funcionarios».

Uno de los fundamentos de la investigación se refiere a una reunión de gabinete, en agosto de 1974, en la residencia presidencial. Según testimonios que tendría el juez, allí se habrían proyectado «imágenes de quienes serían asesinados».

«Entiendo que la ex presidenta de la Nación pudo haber participado en los hechos que se investigan», concluyó Oyarbide, quien adelantó que pedirá la extradición de la ex presidenta.

Por otra parte, uno de los abogados de Isabel Perón, Humberto Fontaine, consideró que los jueces que ordenaron la captura y el regreso a la Argentina de la ex presidenta «deberían haber sido cuidadosos y evitar atropellarse» en sus decisiones. Fontaine sostuvo que la orden de detención librada por Oyarbide «le resta valor a la primera, porque le da un tinte persecutorio» al caso.

A las imputaciones de los dos jueces federales podría sumarse ahora otra en la provincia de Tucumán, donde existen dos causas que investiga la fiscalía a cargo de Emilio Ferrer, por desapariciones forzadas de personas. La pesquisa está orientada a dos centros clandestinos de detención -la Escuelita de Famaillá y el ex ingenio Nueva Baviera-que habrían funcionado en el período democrático anterior a la última dictadura militar. La investigación estaría en el marco del llamado Operativo Independencia, puesto en marcha en 1975.