Pedirá Castells seguir detenido pero en su casa

El activista piquetero Raúl Castells cumple hoy 35 días en huelga de hambre, situación que pone en riesgo su vida. Hoy sus abogados pedirán que la detención a la espera del juicio por ocupar un casino sea en su domicilio.

Los abogados del piquetero Raúl Castells presentarán hoy un recurso de hábeas corpus para que la Justicia le otorgue a su defendido el beneficio del «arresto domiciliario» a cambio de que éste suspenda la huelga de hambre que mantiene desde hace más de un mes.

Sergio Quiroz y Mario Bosch, los letrados que representan a Castells, advirtieron que la detención domiciliaria sería una «forma de salvarle la vida» al líder del MIJD, quien se niega a consumir alimentos y líquidos, medida que, de continuar, pondría en riesgo su vida.

Castells inició ayer su trigésimo cuarto día de huelga de hambre y su segundo día sin ingesta de líquidos, en tanto militantes del MIJD realizaron una protesta frente a la Casa del Chaco en el centro porteño y marchaban en Resistencia hacia el Hospital Perrando, donde el dirigente piquetero se encuentra internado. Las marchas en reclamo de la libertad de Castells se desarrollaron un día después de que un fallo de la Cámara I en lo Criminal y Correccional de Chaco confirmara la prisión preventiva del titular del MIJD y lo dejara a las puertas de un juicio oral y público por la toma del casino Gala, protagonizada el 16 de julio último.

El activista permanecía internado en estado «lúcido», mientras que militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que él lidera se movilizaron en el centro porteño y en el de Resistencia en demanda de su liberación.

Mientras se desarrollaban estas manifestaciones, Castells reiteraba en declaraciones a distintas radios (porteñas y chaqueñas) que el gobierno nacional será el «responsable» de su «muerte» y que ésta responderá «al terrorismo de Estado». En este marco, sus abogados defensores manifestaron su preocupación ante la decisión que tomó ayer de dejar de ingerir líquidos y de su negativa a recibir ayuda médica y a que se le realicen estudios clínicos.

• Lado humano

El letrado Sergio Quiroz consignó a la agencia oficial «Télam» que «si bien en el nivel judicial ya no queda nada por hacer, desde el lado humano lo estamos instando a que deponga su actitud, al igual que los miembros del movimiento que dirige».

Quiroz añadió que, ante el «serio» riesgo de vida que corre su cliente con la «obstinación» de continuar con la huelga seca, la defensa decidió «no hacer más presentaciones judiciales a fin de adelantar la fecha de inicio del juicio oral» que «comenzaría en febrero de 2005».

«El punto es que cada presentación hace que se detenga el plazo estimado para el inicio del proceso, que recién es retomado una vez finalizado el trámite judicial», indicó.

En este marco, uno de los jueces de la Cámara I en lo Criminal y Correccional de Chaco, Alejandro Parmetler -quien ayer conformó la minoría que se expidió a favor de la revocación de la prisión preventiva de Castells- indicó que la causa debe volver a la Fiscalía 10, que más tarde tendrá que remitirla «eventualmente» a la Cámara.

El magistrado indicó que «recién cuando llegue a la Cámara nuevamente habrá que cumplimentar tramitaciones judiciales tales como la conformación del tribunal y la entrega de pruebas en un término de 10 días que ofrezcan las partes; para finalmente designar la fecha de audiencia».

Castells terminó preso el 25 de agosto a raíz de la orden de captura que la fiscal Mercedes Riera dictó en su contra luego de que no se presentara a declarar ante dos citaciones, a diferencia de lo que hicieron los otros seis implicados en la misma causa que, si bien no declararon, se presentaron ante la Justicia y lograron conservar así su libertad.

Riera libró esa orden en el marco de la causa «por extorsión» que la Justicia chaqueña inició de oficio contra el dirigente piquetero, tras la toma del casino Gala de Resistencia, el 16 de julio último, en la que las autoridades de esa casa de juegos les entregaron 11 mil pesos a los desocupados para la compra de alimentos.