Pese a críticas, Solá empuja reforma judicial sin casación

Néstor Kirchner recibió ayer a Felipe Solá en la Casa Rosada para acordar un aporte de fondos que se destinará a infraestructura educativa en la provincia.

Efecto inverso, el rechazo global de la comunidad judicial no congela la polémica reforma que Felipe Solá impulsa en la Justicia: el gobernador planea convocar a sesiones extraordinarias para que, en febrero, la Legislatura discuta su mega proyecto.

Esa iniciativa, diseñada por el Ejecutivo desde las oficinas del Ministerio de Justicia que comanda Eduardo Di Rocco, generó una áspera reacción de jueces, funcionarios, gremios y ONG. Desató, además, una negativa legislativa desde el peronismo oficial.

En medio de ese ruido avanzó en Diputados: a fin de diciembre, en una larga madrugada, Solá logró que legisladores del kirchnerismo, el felipismo y el PJ voten su ley. Hubo, sin embargo, «bajas» en todos los bloques, fragmentados ante esa iniciativa.

Se bloqueó en el Senado dondeel FpV necesita votos del PJ o de la UCR para tener mayoría. Entre el apuro y las reservas, el proyecto durmió. León Arslanian sembró eso: unas horas antes, había trascendido una nota donde el ministro rechazada parte de la reforma. A pesar de haber avalado la iniciativa cuando se presentó a principios de diciembre, sobre fin del mismo mes Arslanian le mandó notas personales a los miembros del Tribunal de Casación Penal expresándoles que no estaba de acuerdo con la eliminación de esa instancia.

Casi nada: la supresión de Casación, escalón previo a la Corte, era una de las claves de la reforma Di Rocco porque, según el argumento oficial, está saturada con «6.000 causas» con lo que se convirtió en un trámite dilatorio que usufructúan los abogados defensores.

Otro punto complejo y fuertemente cuestionado por las asociaciones que representan a jueces y abogados, es la eliminación de los tribunales colegiados para crear cuerpos unipersonales y, de ese modo, constituir el «triple» de ámbitos de resolución de causas.

Solá no parece dispuesto a dar marcha atrás. Los jueces, a su vez, se plantan contra esa reforma. Circula en el medio el PJ de origen duhaldista, que mantiene claras sintonías con la Procuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, y controla dos bloques numerosos.

El fin de semana, en Mar del Plata, distintas organizaciones y entidades que representan a funcionarios repitieron su negativa ante la ley Di Rocco y citaron básicamente un argumento: el modo «inconsulto» con que se diseñó esa iniciativa.

Ante eso, integrantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios, La Red -que nuclea a jueces y ex jueces de tribunales orales-, la Asociación Judicial Bonaerense, CTA, el tribunal de Casación Penal y la Comisión Provincial de la Memoria, entre otros, repudiaron la iniciativa.

De ese planteo participaron, además, el Comité Contra la Tortura, el FOJUDE, la Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Mar del Plata, y otro puñado de organizaciones, que enfocan sus críticas en tres ejes puntuales:

Rechazan la sanción del proyecto de Reforma Procesal Penal por «inconsulto, sorpresivoy arbitrario». Cuando se emitióese documento todavía no estaban al tanto de que Solá convocaría a extraordinarias para tratar ese texto en el mes de febrero.   

«Impedir que se siga confundiendo a la ciudadanía atribuyendo los problemas de inseguridad al funcionamiento de la Justicia.» Es una forma de cuestionar el fundamento de la iniciativa oficial que se apoya en darle «celeridad» al servicio de Justicia.

Cierran con un llamado a un «debate» para discutir y hacer un seguimiento sobre la «conveniencia o inconveniencia» de la mencionada reforma.