1 de noviembre 2006 - 00:00

Presidente de River al borde del juicio oral

La Justicia confirmó el procesamiento del presidente de River, José María Aguilar, y lo dejó al borde del juicio oral y público, en el marco de una causa por la comisión de un supuesto delito impositivo, que contempla penas que van de los dos a los seis años de cárcel.

Voceros judiciales indicaron que el fallo fue adoptado por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico que se expidió sobre un procesamiento en primera instancia por la omisión de depositar el impuesto a las ganancias retenido por el club a sus futbolistas entre 2001 y 2003.

La medida fue adoptada por los jueces Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Gustavo Hornos que coincidieron "prima facie" en que Aguilar violó el artículo sexto del Régimen Penal Tributario.

Ese artículo, titulado "Apropiación indebida de tributos", establece que "será reprimido con prisión a dos a seis años el agente de retención o percepción de tributos nacionales que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 10.000 pesos por cada mes".

Los voceros judiciales consultados indicaron que el presidente de River había sido procesado hace aproximadamente un año por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien además lo había embargado en 150 mil pesos.

Sin embargo, la medida fue apelada por la defensa de Aguilar y quedó a estudio de la Cámara en lo Penal Económico.

De acuerdo con el fallo emitido por la Cámara de Apelaciones, Aguilar omitió depositar los importes siendo conciente de ello, aunque creyó no actuar con dolo.

En el marco de la causa, el presidente de River aseguró que actuó "convencido de que la simple postergación del pago de la deuda originada en retenciones impositivas era la vía a través de la cual podía destinar dichos fondos al mantenimiento del club en funcionamiento evitando cuestionamientos gremiales -por empleados y jugadores- ejecuciones y pedidos de quiebra, pérdida de confianza y créditos por proveedores y asociados".

En ese sentido, los abogados defensores de Aguilar argumentaron que debido a la crisis financiera de 2001 y 2002 "la totalidad de los recursos disponibles fueron destinados a sufragar gastos vinculados estrictamente con el funcionamiento y mantenimiento" del club.

No obstante, los camaristas tomaron ese argumento como una virtual admisión de Aguilar de haber cometido el delito y aún cuando después de que se iniciara la causa el titular del club pagó la suma adeudada, la omisión ya había sido cometida.

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