Presión para que no liberen a militares

Judiciales

Agrupaciones de derechos humanos le han advertido al gobierno que la actual composición de la Cámara de Casación «desentona» y hasta han sugerido la conveniencia de un recambio de jueces similar al producido en la Corte Suprema de Justicia. El enojo de estos agrupamientos, que responden a Hebe de Bonafini y al CELS, está relacionado con la inminencia de nuevos fallos excarcelatorios a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de delitos de lesa humanidad. El último benefició a una docena de militares que se encontraban con prisión preventiva por su participación en el Plan Cóndor.

El CELS y Bonafini sostienen que las decisiones de Casación contradicen los fallos de los tribunales inferiores que vienen declarando imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Y que, además, se han pronunciado por la inconstitucionalidad de las leyes que favorecieron a centenares de acusados de violaciones de derechos humanos.

En el caso del Plan Cóndor, la Sala I de la Cámara Federal y el juez federal Guillermo Montenegro consideraron que había que mantener la prisión preventiva de los militares involucrados porque existía riesgo de fuga y, además, podían entorpecer la investigación. Cuando el expediente llegó a Casación, la Sala IV opinó todo lo contrario. Dijo que no había peligro de que los militares huyeran porque la mayoría tiene más de 70 años y cumple el arresto en su domicilio.

Esta línea doctrinaria es la que se viene siguiendo en al menos dos salas de la Cámara de Casación. Es que con la premisa de que no existe el peligro de fuga, tanto la Sala III como la IV vienen excarcelando desde hace varios meses a militares procesados y detenidos por los hechos cometidos durante la dictadura militar. A fines de marzo pasado, la Sala III liberó a un ex marino acusado y procesado por robar bienes a personas secuestradas y desaparecidas. Para Casación, el marino Juan Pazo debía esperar el juicio oral y público en libertad por entender que no existe peligro de fuga, y también utilizó idénticos argumentos el año pasado cuando liberó a otro marino, Juan Carlos Rolón. El ex oficial de la Armada fue señalado como uno de los miembros de un grupo de tareas que cometió secuestros, falsificó documentos y sustituyó identidades para quedarse con bienes de sus víctimas.

  • Reclamo

    Hasta el momento, Casación no se expidió sobre los pedidos de excarcelación de los militares presos en las megacausas ESMA y Primer Cuerpo porque organismos de derechos humanos reclamaron su apartamiento y la conformación de un tribunal de conjueces por «enemistad manifiesta».

    «Nosotros los recusamos porque han mantenido una suerte de complicidad con los imputados militares», explicó el abogado Rodolfo Yanzón.

    Para el querellante, es « alarmante la demora en que incurren varios jueces para instruir los expedientes y que luego es un argumento que usa la Cámara de Casación para liberar, aduciendo que un acusado no puede estar mucho tiempo preso sin condena firme en su contra».

    Yanzón recordó que la mayoría de los militares están presos por «desaparición forzada de personas», un delito que «se sigue cometiendo mientras no se conozca el destino de las víctimas desaparecidas».

    El abogado advirtió que «es tomarle el pelo a la gente» decir que «un represor en libertad no va a entorpecer el avance de la causa», cuando ellos «se alzaron en armas e hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para evitar ser juzgados».

    Algo parecido ocurre con los indultos. Ese tribunal no se ha expedido sobre su inconstitucionalidad porque todos los camaristas fueron recusados de actuar. Una resolución sobre la cuestión está frenada.
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