9 de junio 2004 - 00:00

Primer arrepentido del Ejército pide declarar

El caso del primer «arrepentido» del Ejército se llama Bruno Laborde, es un teniente coronel, y reveló datos y situaciones ocurridos en Córdoba, más exactamente en lo que se denominó La Perla, famoso campo de detención en tiempos del Proceso militar. Este hombre repite, en apariencia, la actitud del capitán de navío Adolfo Scilingo, el primer «arrepentido» hace unos años de la Armada. Laborde puede convertirse, al parecer, en uno de los elementos principales de la causa del Cuerpo III (Córdoba), ya que en su aporte como joven oficial de entonces, además de involucrar a otros hombres de la fuerza, se autoincrimina en la represión. Menciona, en su explosiva confesión, acciones, participantes y protagonistas, tal vez alguno todavía en actividad. Con lo cual, se abre una nueva cuestión en el complicado Ministerio de Defensa. Laborde hizo este pormenorizado relato -señalando inclusive que él mismo mató, de acuerdo con todas las versiones- hace una semana ante un auditor militar, quien le derivó las declaraciones al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, el cual a su vez -luego de observarlas-las transmitió a la Justicia.Y así fue el material al juez Juan José Galeano y al fiscal Carlos Stornelli, quienes en las próximas horas trasladarían por razones de competencia ese testimonio a la jueza de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, a cargo de la causa del Cuerpo III. Inclusive, se supone, sería ella la que convocaría al militar «arrepentido» para que confirme ante la Justicia en las próximas horas lo que declaró ante el auditor del Ejército. Los datos de Laborde, hombre de Comunicaciones, promoción 107 (hermano de otro oficial de la misma especialidad que revistó en la Fuerza Aérea), indican que en los últimos años estaba molesto con la autoridad militar debido a que fue postergado en su ascenso hace dos años y, en 2004, se indignó mucho más cuando promovieron a otro colega suyo, también no diplomado, que él consideraba con inferiores condiciones profesionales. No se sabe si ésta es la razón de sus revelaciones, pero lo cierto es que en su reclamo por no ascender acompañó un escrito anexo en el que aporta nombres (revela el de un suboficial Villarino, por ejemplo), precisa quiénes se encontraban en Córdoba en aquellos momentos de violencia, los visitantes de La Perla y también sus propios compañeros integrantes del Batallón de Comunicaciones (entonces, subtenientes de 22 años). La confesión, al margen de las consecuencias penales que les produzcan al propio declarante y a quienes él impute en su declaración, supone a partir de hoy una atención especial en medios periodísticos y políticos.

Roberto Bendini
Roberto Bendini
El ministro de Defensa, José Pampuro, consideró ayer como un «hecho histórico» que por primera vez un oficial en actividad testimonie ante la Justicia lo ocurrido durante la última gestión militar. Pampuro se refirió así al tenientecoronel Guillermo Enrique Bruno Laborde, quien decidió -después de 25 años- confesar a la Justicia los hechos ocurridos durante la dictadura en el ámbito del Batallón de Comunicaciones 141 de Córdoba, donde se desempeñóen esa época. En declaraciones a la prensa, Pampuro señaló que Laborde «no da nombres en su declaración, pero cuando los dé o amplíe su denuncia ante el juez que lo llame a declarar, tomaremos las medidas del caso». Concluyó afirmando: «Queremos dejar en claro ante la ciudadanía que todos estos procesos se van a esclarecer porque es un tema central para este gobierno la política de derechos humanos, y los responsables tendrán que ser juzgados por la Justicia».

• Reacción

La aparición de este militar detenido en Córdoba dispuesto a autoincriminarse, denunciando su propia experiencia en la guerra contra la subversión, sorprendió a las Fuerzas Armadas y también al gobierno porque abre el abanico de los juicios alentados desde el oficialismo. Hasta ahora, esos juicios involucraban a 54 hombres del Ejército, 19 de la Armada y 2 de la Fuerza Aérea, todos ellos retirados y de edad avanzada. La reacción inesperada de un oficial jefe -teniente coronel-amenaza descontrolar ese escenario, que incluso para el gobierno aparecía contenido en márgenes de conflicto interno razonables. Debe recordarse que Semana Santa en 1987 se generó a partir de la citación de miles de oficiales en actividad a los estrados judiciales, y que explotó cuando alguno de ellos eligió refugiarse en un cuartel.

El escenario es la provincia de Córdoba, sede del III Cuerpo de Ejército, cuyo jefe actual es el general Hernán Garay, quien tuvo a su cargo elevar las declaraciones tomadas a Laborde -a su pedido-, por un oficial auditor al jefe del Ejército, general Roberto Bendini. Enviadas las actuaciones a la Cámara Federal, ésta sorteó el caso, que cayó en el juzgado federal a cargo de Galeano -aunque los hechos hayan ocurrido en Córdoba-, quien de acuerdo con el artículo 180 del Código de Procedimientos, la derivó al fiscal Stornelli, para que emita opinión. Anoche, éste decidía el traslado a Córdoba. Laborde se declaró arrepentido en momentos en que la Justicia -Cámara de Casación Penal-tiene pendiente de resolución apelaciones contra la reapertura de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Uno de ellos, el del centro de detención La Perla, instalado en jurisdicción del III Cuerpo en Córdoba. Los casos fueron abiertos el año pasado, cuando a instancia del gobierno de Néstor Kirchner se declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, llamadas «leyes del perdón», que entre 1985 y 1987 exculparon a militares y miembros de las fuerzas de seguridad acusados por delitos de represión.

Durante la gestión militar, Laborde integró el Batallón de Comunicaciones 141 de Córdoba, donde se investigan violaciones a los derechos humanos. El comandante del III Cuerpo era entonces el general Mario Benjamín Menéndez, famoso por haberse revelado en aquel tiempo contra el comandante en jefe del Ejército, Roberto Viola, porque lo pasaban a retiro, acuartelándose en la única unidad que le respondió, la escuela de suboficiales de Gendarmería, en Jesús María.

• Sin resolución

Por esta causa están detenidos, además de Menéndez, los ex militares Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Orestes Padován, Ricardo Lardone, Hermes Rodríguez, Carlos Vega y Jorge Exequiel Acosta. Desde marzo pasado, un tribunal de alzada de Córdoba tiene pendiente resolver si se reabren esas actuaciones, debido a que un fallo de primera instancia rechazó esa posibilidad al declarar válidas las llamadas «leyes del perdón».

Mientras, en otros tribunales de alzada y en la Corte Suprema de Justicia se dirimen apelaciones contra la reapertura de juicios que han desembocado en la detención de varios militares en retiro, entre ellos, el ex marino
Alfredo Astiz.

Hasta ahora, el único militar argentino «arrepentido» por delitos de represión es el marino retirado
Adolfo Scilingo, arrestado en España por orden del juez Baltasar Garzón, quien investiga la desaparición de un centenar de ciudadanos españoles. A raíz de las confesiones de Scilingo, el juez Garzón logró la detención en México del marino argentino retirado Miguel Cavallo y su posterior extradición a España.

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