20 de junio 2006 - 00:00

Primer juicio sin Punto Final

Raúl Alfonsín
Raúl Alfonsín
El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el último gobierno militar, Miguel Etchecolatz, comenzará a ser juzgado desde hoy por la Justicia Federal de La Plata, en las primeras audiencias orales y públicas que se harán en el país a un presunto represor desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzgará al ex policía por seis presuntos homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas.

El ex comisario deberá responder por su responsabilidad en el presunto homicidio calificado de Diana Teruggi; la presunta privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell'Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado y la presunta privación ilegal de la libertad y torturas de Nilda Eloy y Jorge López.

Etchecolatz admitió ya haber participado en 1976 junto al represor Ramón Camps en un operativo en una casa de La Plata donde fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas Diana Teruggi, madre de Clara Mariani, aún no restituida a sus familiares.

Los cargos que enfrenta corresponden a hechos que no fueron juzgados ni amnistiados en la década del 80.

Entidades de derechos humanos nucleadas en Justicia Ya en La Plata participarán activamente en las 25 audiencias del juicio, en las que declararán 133 testigos. Entre ellos están incluidoslos ex presidentes María Estela Martínez de Perón, Raúl Alfonsín e Italo Argentino Luder. Integran el tribunal los jueces Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, mientras que representará a la fiscalía Carlos Dulau Dumm.

Por la querella actuarán abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS La Plata, APDH La Plata y CTA, entre otros organismos de derechos humanos y sociales, y víctimas de la represión.

Tras la anulación de las leyes de punto final son doscientos ocho represores acusados de crímenes atroces e imprescriptibles esperan ya detenidos los juicios.

Tras el comienzo hoy del juicio a Etchecolatz, dentro de una semana lo seguirá pero ante el tribunal oral federal de la Capital número 5 otro policía, esta vez federal, Julio Simón (el «Turco Julián»), imputado por la presunta desaparición y torturas al matrimonio Poblete y la sustracción de identidad de la hija de éstos, un caso paradigmático de este tipo de delito cometido en el centro de detención ilegal El Olimpo.

Sin Obediencia Debida ni Punto Final, los acusados podrán ser juzgados por cualquier hecho y no sólo el robo de bebés, el único crimen de la dictadura que quedó fuera del paraguas protector de las leyes del perdón.

Según cálculos basados en el relevamiento de causas de derechos humanos de la Procuración General de la Nación, unos 400 ex militares, penitenciarios e integrantes de fuerzas de seguridad podrían quedar finalmente presos al fin de este proceso de aplicación de Justicia sin restricciones.

No es fácil determinar ahora con exactitud cuántas citaciones habrá. Eso se sabrá a medida que avancen los procesos y sigan ampliándose las investigaciones.

Por la gravedad de los delitos que se imputan: secuestros, tormentos, matanzas, robo de niños y comunes, ninguno de ellos es excarcelable, pese al tiempo transcurrido.

No habrá una catarata de juicios orales por las violaciones a los derechos humanos cometidas hace casi tres décadas. La razón es que salvo esos dos juicios a los ex policías a punto de iniciarse, una multitud de causas totalmente armadas durante los años de los «juicios de la verdad» se encuentran aún sin fecha de inicio de juicio porque la Justicia tramita incidentes pendientes de resolución, en su mayoría promovidos por las defensas de los represores.

En esa situación se encuentran las principales causas donde se concentra la enorme mayoría de los hechos ocurridos hace casi tres décadas derivadas: la 14.216/03, sobre las desapariciones en el Primer Cuerpo y de la 14.217/03, sobre lo ocurrido en la ESMA.

Puede que haya citaciones y testimonios que den lugar a nuevos procesos. Pero como no hay fechas de juicios, habrá que volver a revisar en esa etapa qué testigos se presentan, qué dicen y a medida que eso vaya avanzando se podrá ir dilucidando lo que pueda ocurrir en el propio proceso y en los que puedan llegar a dar lugar. En un contexto político diferente, una ola de citaciones por estos mismos crímenes detonó a fines de los ochenta una seguidilla de asonadas carapintadas, bajo cuya presión el gobierno de Raúl Alfonsín sancionó las leyes que paralizaron los procesos.

Junto a los indultos de Menem, éstas fueron anuladas por el Congreso y la nueva Corte Suprema durante la administración del actual gobierno.

En ese tiempo también murieronalgunos de sus principales acusados, como el entonces jefe del primer cuerpo, Guillermo Suárez Mason, o el jefe de la Bonaerense, Ramón Camps, que fue superior inmediato de Etchecolatz, ahora en el banquillo.

Aunque ninguna desobediencia masiva parece hoy posible, el Ministerio de Defensa ha adoptado recaudos por si se produjeran citaciones de militares en actividad.

Para que no ocurra lo de antaño, cuando los investigados se presentaban detenidos en unidades militares castrenses donde sus camaradas los convertían en héroes, la ministra Nilda Garré instruyó a comienzos de mayo a las fuerzas para que las detenciones preventivas que se ordenen sean cumplidas en establecimientos carcelarios comunes. Invocó para ello el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece la prohibición de prerrogativas y fueros especiales, como puede ser considerado cumplir un arresto en un cuartel.

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