- ámbito
- Judiciales
Procesan a funcionario por el Hospital Francés
Decisión salomónica o empate técnico (término mejor utilizado si hay que hacer referencia a los trompis que hubo en el Hospital Francés) fue ayer la del juez Javier Anzoátegui. Procesó tanto al interventor como a directivos y delegados por los disturbios en ese nosocomio. También cayó Sergio «Tuta» Muhamad, el supuesto barra brava de Chacarita utilizado como fuerza de choque. Es un fallo que toca a la Casa Rosada. El interventor José Luis Salvatierra es un funcionario nacional cercano a Alberto Fernández. Los incidentes del Francés fueron la continuación de una saga violenta que tuvo su mayor expresión en el choque entre facciones sindicales en la quinta de San Vicente durante los funerales de Perón.
En cuanto a Muhamad y los otros 23 individuos que ingresaron al hospital y atacaron a los trabajadores fueron procesados por «lesiones leves reiteradas -cuatro hechos- y daño agravado por tratarse de bienes destinados al uso público».
La medida que dispuso el juez del caso, Alejandro Anzoátegui, alcanzó al delegado, David Garuti y a los trabajadores José Víctor Garay, Mario Jerónimo, Claudio Daniel Sosa, Marco Claros Almendra y José Carlos Cóceres. Sin embargo, los trabajadores citados se negaron a declarar amparándose «en el derecho constitucional de no declarar».
La lista de procesados se completó con Pedro Ramón Reyes, Juan Alberto Pereyra da Silva, Andrés Ricardo Aguirre, Ricardo Gallardo, Víctor Tamagnon, Víctor Bermúdez, Sergio Gallardo, Marcelo Galeano, Jorge Rodríguez, Carlos Rodríguez, Daniel Trocci y Oscar Fiaño, entre otros.
Antes de que se informara sobre las medidas judiciales, los trabajadores del hospital habían denunciado que no se estaban recibiendo los insumos necesarios para «atender a los 25 pacientes internados». «Hay un proyecto para achicar el hospital y todo esto se está manejando con una gran irresponsabilidad por parte del gobierno», dijo Cóceres.
«El hospital sigue sin reactivarse; los insumos y el proyecto de fideicomiso que prometió el gobierno hasta ahora no llegaron», expresó Garuti, actualmente procesado por la Justicia. Si bien la semana pasada se había alcanzado un acuerdo entre las partes en el que se reincorporaron a los trabajadores despedidos y se envió un anticipo de $ 500 en concepto de sueldos atrasados para cada empleado, los trabajadores denuncian que todavía se «deben cuatro meses de salarios» y que la situación no se está «normalizando».
Desde el gobierno se había informado que el proyecto del fondo fiduciario sería tratado en el Congreso, pero los empleados del hospital dijeron que todavía no hay avances en la materia. Por esta razón convocaron a una asamblea para definir la continuidad de los reclamos: «Vamos a hacer una asamblea general, mientras esperamos que el gobierno nos convoque, porque estamos dispuestos al diálogo», sostuvo Garuti.
Dejá tu comentario