Procesan a un ex director del PAMI

Judiciales

Un ex director del Pami fue procesado por haber aceptado integrar el directorio de la obra social sin dar a conocer que padecía problemas psiquiátricos y que percibía una jubilación por invalidez desde hacía más de una década.

La medida fue dictada por el juez federal Sergio Torres contra Elpidio Eligio González, quien fue representante de la Mesa Federal de Jubilados y ocupó el cargo tras ser designado en 1997 por el entonces interventor Víctor Alderete.

El magistrado le imputó el delito de "defraudación contra la administración pública" y le trabó un embargo de 150.000 pesos, por entender que González "nunca dio a conocer el hecho de poseer una jubilación por invalidez o los problemas psíquicos" que padecía.

En un fallo de una veintena de carillas, Torres remarcó que el imputado "no contaba con las aptitudes necesarias para desempeñarse como director del Pami, en virtud de haber obtenido con anterioridad (el 18 de diciembre de 1986) una jubilación por invalidez y que, a partir de la cuestionada designación, se encontraba percibiendo indebidamente".

Respecto del rol que cumplieron las autoridades del Pami en el nombramiento, el juez entendió que "no tenían la obligación legal y/o administrativa de requerir de González ningún tipo de información, solamente debía corroborarse su condición de jubilado".

En ese sentido, consideró que el imputado "realizó una conducta ardidosa, tendiente a engañar a la administración pública, que se perjudicó en su aspecto patrimonial, al doblar mensualmente un sueldo para un cargo que no estaba en condiciones de ocupar".

Esta causa fue iniciada en 1999 por la defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, quien denunció que si González tenía problemas psiquiátricos y era beneficiario ilegítimo de una jubilación por invalidez, no podía integrar el directorio del Pami.

También consideró que si estaba capacitado para integrar el directorio, la jubilación por invalidez le habría sido otorgada "mediante mecanismos fraudulentos", lo cual se está investigando en la Justicia de Corrientes, según surge del fallo de Torres.

Al respecto, la ombudsman porteña declaró que recibió un anónimo que decía que González "había obtenido el beneficio porque regenteaba un prostíbulo en la ciudad de Goya, donde falleció una menor de 14 años" y que, al tener problemas psiquiátricos, "evitaría la persecución por ese hecho delictivo".

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