Un juez federal procesó a Antonio Domingo Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por el delito de genocidio y la desaparición de más de 60 personas durante la última dictadura militar.
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La resolución fue dispuesta por Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal Número Uno de San Miguel de Tucumán, en el marco de la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.
Aunque Bussi y Menéndez están procesados en una decena de causas, es la primera vez que les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994.
Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la Policía tucumana) de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.
El magistrado ordenó, además, la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis Eduardo Falú, en setiembre de 1976.
«Las prácticas aberrantes realizadas contra los detenidos por parte de agentes públicos amparados en la vigencia del terrorismo de Estado configuran apremios ilegales, con padecimientos psíquicos y morales», dijo la sentencia.
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