3 de abril 2007 - 00:00

Puede generar sorpresas auditoría en la Casación

Alfredo Bisordi
Alfredo Bisordi
La investigación que planea realizar el instructor de la causa abierta contra cuatro jueces de la Cámara de Casación puede desconcertar a los acusadores y denunciantes.

En los planes del consejero Luis María Cabral está concurrir a ese tribunal penal para verificar y analizar personalmente los expedientes supuestamente demorados. La intención es realizar una compulsa de la totalidad de la jurisprudencia doctrinaria sobre la excarcelación de cada sala y de cada magistrado.

Cabral es el juez instructor del sumario que involucra a Alfredo Bisordi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos. Todos fueron acusados de cajonear expedientes relacionados con investigaciones de terrorismo de Estado. Sin embargo, esa acusación podría desfigurarse.

Hasta ahora la Cámara de Casación nunca había sido arrastrada en las pasiones políticas. Se hablaba de una Corte Suprema adicta pero nunca de una Casación adicta.

Al parecer, el gobierno advirtió que la decisión de la Corte de desembarazarse de las causas que no tienen que ver con el control constitucional convertía a la Casación en un tribunal de amplio poder y sin control gubernamental. De allí -se afirma- la embestida de la Casa Rosada.

  • Curiosidad

    Los ataques del gobierno hasta ahora se presentan curiosos. Por caso, el juez Eduardo Riggi actuó en una sola causa relacionada con militares acusados de crímenes de lesa humanidad.

    Riggi es de la Sala III y fue designado para reemplazar a Amelia Berraz de Vidal, miembro de la llamada Sala Militar. La magistrada se habría excusado de intervenir en casos que tuvieran como imputados a militares porque tendría como vecino en su consorcio a un hombre que reviste en las Fuerzas Armadas.

    Por ser un «extranjero», de la Sala Militar Riggi no tiene el manejo de la cuestión administrativa de los expedientes. Es decir, no decide qué causa se firma y cuál no.

    Riggi hace 15 años que está en Casación. Pasó 12 años en tribunal Penal Económico y cinco años como juez de instrucción. Antes fue secretario de la Corte. Se dice que su sala es una de las más prolijas y con menos retrasos.

    Lo contrario ocurriría con Berraz de Vidal. Sus detractores la acusan de ser la mayor responsable de las demoras que dieron origen a la denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura por los organismos de derechos humanos. Además la señalan como quien firmó el mayor número de resoluciones concediendo excarcelaciones a militares cuestionados.
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