La Corte Suprema quedó en condiciones de dictar un fallo en el que resolverá si acepta o no pagar una indemnización de 250 millones de pesos a víctimas de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, que en noviembre de 1995 provocó siete muertos y cientos de heridos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El expediente se encuentra en la fase «autos para sentencia», el paso previo a emitir un fallo, el cual se daría a conocer «antes de fin de año» después de casi una década de tramitarse.
La resolución que se firmaráserá en la causa iniciada por Vladimir Ramón Piedra y otras víctimas contra la provincia de Córdoba, a quien demandaron por los daños y perjuicios sufridos por la explosión.
El 20 de junio último, la Corte decidió «dar por perdido a la provincia de Córdoba el derecho a producir prueba confesional e informativa» en el caso de José Miguel Asnal, uno de los heridos por la explosión que iniciaron un reclamo civil, además de la causa penal, quien ya falleció.
En ese caso, la provincia tenía que proveer información a través de la Dirección de Compensación de Emergencias e Infraestructura, pero, como no lo hizo, la Corte cerró la etapa de incorporación de prueba y se prepara para firmar el fallo, aseguraron voceros del tribunal.
El reclamo civil ante la Corte tramitó como «juicio originario», lo cual significa que no pasó por otras instancias judiciales, sino que fue radicado directamente ante el alto tribunal porque está demandado un estado, en este caso, el cordobés. Pese a que el expediente se inició en 1997, la provincia habría demorado la entrega de pruebas, explicaron en la Corte, y por eso se retrasó el dictado de una sentencia.
Dejá tu comentario