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Se pronunció la Justicia suiza: sin corrupción de Menem al gobernar
Un importante pronunciamiento de la Justicia suiza se produjo el viernes en relación con el tan meneado tema de una cuenta en ese país del ex presidente Carlos Menem. La jueza de instrucción Christine Junod, por «colaboración judicial con la Argentina» -se caratula la sentencia- analizó y llegó a la conclusión que tiene que ser interpretada minuciosamente-según explicaba ayer el Dr. Oscar Salvi- porque Carlos Menem había confesado, después de ser presidente, la existencia de una cuenta en ese país helvético por el equivalente a 600.000 dólares, producto de la indemnización por sus años de prisión durante el Proceso militar que la Justicia argentina le otorgó en pesos durante la presidencia de Raúl Alfonsín. La cuenta la admitió el riojano en un reportaje para la CNN. La Justicia suiza dice ahora, después de una extensa investigación, que «durante el período como presidente de la Nación desde el 8 de julio de 1989 al 10 de diciembre de 1999 el Dr. Carlos Menem no dispone o ha dispuesto de cuentas que hayan tenido movimientos de fondos durante el mandato presidencial del interesado». Es contundente el fallo porque si durante los 10 años y medio de gestión presidencial no hubo ninguna cuenta con movimiento de fondos, no pudo haber corrupción y la causa del juez Norberto Oyarbide se cae abruptamente. La corrupción es por actos de gobierno, no por una cuenta previa a ser funcionario. Oyarbide podría acusarlo de tener una cuenta con fondos no declarada, pero las indemnizaciones -de donde Menem dijo que provienen los fondos en la misma fecha de abrir la cuenta- no tienen carga impositiva por su carácter reparador de una injusticia. Oyarbide, en su afán de castigar políticamente al ex presidente -como el otro juez Jorge Urso y, sobre todo, el ex fiscal hoy macrista Carlos Stornelli, que le inventó la «causa armas a Ecuador» contra Menem-, dice que no hay relación adecuada entre monto indemnizatorio y el de Suiza como simple particular, antes de ser el funcionario presidente de la Nación. Pero técnicamente -y, por tanto, jurídicamente- nadie puede determinar cuánto pudo ganar en intereses con inversiones el poseedor repentino de un capital indemnizatorio. Pero lo principal es que el fallo de la jueza Christine Junod tira abajo la teoría de la corrupción al expresar que «la obligación de declaración jurada se refiere a fondos que podrían provenir de hechos de corrupción durante el ejercicio de la función pública. Sólo podemos informar a esta autoridad (el gobierno argentino) que no hemos encontrado nada que corresponda a su solicitud». Más que «solicitud», el actual gobierno gastó fondos públicos contratando abogados del exterior para enrostrarle corrupción al político riojano. El ex ministro de Néstor Kirchner, el inefable y cambiante Gustavo Béliz, logró apoyo oficial y financiación para ir a Suiza a solicitar el fallo de corrupción contra Menem, que este miércoles a la noche estará arribando en avión a La Rioja tras 8 meses de exilio. Seguramente igual lo atacarán, le invocarán «testaferros», el juez Urso lo quiere acosar con las licitaciones irregulares, por rápidas, para construir cárceles en un país donde los servicios penitenciarios hoy se niegan a recibir más presos -un absurdo institucional- por falta de espacio y donde la Corte Suprema prohibió alojar a jóvenes en comisarías cuando tampoco hay dónde llevarlos.

Oyarbide investiga a Menem por «omisión maliciosa» por no declarar la existencia de una cuenta en Suiza, con 600 mil dólares que provenían de una indemnización por los años que estuvo detenido en el Proceso militar. La revelación la hizo en un programa de la CNN. Menem siempre dijo que esa cuenta no le pertenecía, sino que estaba a nombre de sus hijos.
«En la medida en que, según la autoridad que los solicita, la declaración patrimonial jurada se refiere a los fondos que podrían provenir de hechos de corrupción durante el ejercicio de la función pública, sólo podemos informar a esta autoridad que no hemos encontrado nada que corresponda a su solicitud». Así responde a Oyarbide la jueza Junod, en otro párrafo de un escrito que lleva por encabezamiento: «Colaboración judicial con la Argentina en el expediente Carlos Saúl Menem, Enriquecimiento ilícito».
Junod afirma que «después de haber examinado la solicitud argentina, en particular su última presentación del 12 de febrero de 2004, resulta que la misma es procedente sólo con respecto a la falsedad de los títulos que constituiría una declaración jurada patrimonial voluntariamente falsa, destinada a ser presentada ante autoridad competente».
Esa información, supuestamente, fue aportada por el famoso «Testigo C». Según un artículo de «The New York Times» (que irritó a Menem porque salió en plena campaña presidencial) el arrepentido iraní Abdolghassem Mesbahi -nombre del «Testigo C»- habló de supuestas negociaciones en Teherán entre autoridades iraníes y un hombre barbado de unos 50 años, enviado por Menem.Y declaró que «diez millones de dólares fueron depositados en una cuenta numerada que indicó Menem».
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