Se viene otra reforma: juicios rápidos y más poder a fiscales

Judiciales

Luego del malogrado proyecto de reforma del Código Penal la administración Kirchner decidió avanzar ahora en una procesal que apuntará a reducir los tiempos en que un caso llega a juicio. Para ello creó una comisión asesora, que en 120 días deberá elaborar una propuesta de reforma de la legislación procesal penal que será remitida al Congreso para su aprobación.

En rigor, la intención es darle-mayor intervención a los fiscales en la investigación y acortar los tiempos procesales para que más causas lleguen a juicio oral o a los jurados populares.

Uno de los principales problemas del sistema penal es que casi no hay sentencias: casi 70% de los detenidos actualmente en la Argentina cumple prisión preventiva sin haber sido condenado. Quizás sea ése el motivo por el cual 60% de la población no denuncia haber sido víctima de un episodio violento.

Otras de las cuestiones que deberá afrontar esta reforma es cómo se compatibiliza con el Código Penal, cuya modificación también está siendo analizada, aunque ese cambio quedaría para después de las presidenciales de octubre.

La comisión asesora estará integrada por políticos y académicos, quienes tendrán como función analizar las reformas penales en todas las provincias y, además, tener en cuenta que los cambios deben contemplar las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales especializadas sobre el tema.

«La comisión deberá elaborar un anteproyecto de Código Procesal Penal de la Nación, realizar otro de ley de organización judicial que permita la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento en materia penal y proponer reformas a la ley orgánica del Ministerio Público», señaló una fuente del Ministerio de Justicia.

El plazo estipulado para entregar los resultados del trabajo será de 120 días y la comisión estará integrada por: Carlos Beraldi, Juan Beccani, Fernando Díaz Cantón, Luis García, Vilma Ibarra, Angela Ledesma, Luis Cigogna, Adrián Marchisio, Miguel Angel Pichetto, Rosario Romero, Marcos Salt y Ernesto Sanz.

Los fundamentos del decretoestablecen que los anteproyectoselaborados por la comisióndeben corregir las imperfecciones del sistema. Así, se prevé establecer un mejor equilibro entre la eficacia de la persecución penal y el respeto de las garantías de los ciudadanos y disminuir la cantidad de hechos de relevancia penal que no llegan a ser resueltos.

  • Objetivos

    Asimismo, procura lograr el juzgamiento de los hechos en materia de investigación en un plazo razonable, fortalecer el juicio oral y público como pilar indiscutido de legitimación para arribar a una sentencia penal y mejorar la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público.

    Aunque el gobierno ha avanzado en la cuestión de fondo, resta aún por resolver si habrá modificaciones a las figuras penales. Es decir, si se hará una reforma del Código Penal.

    El que se aplica fue sancionado hace más de ocho décadas. Desde su entrada en vigencia, en 1922, ha sufrido 867 modificaciones. Para algunos especialistas, todos estos cambios, si bien en algunos casos necesarios, han hecho perder «armonía» al código.

    Para terminar con los remiendos, en julio pasado un grupo de ilustres presentó un anteproyecto de ley que disparó serias controversias entre especialistas porque reducía penas para algunos delitos y despenalizaba otros, como la tenencia de drogas para consumo personal. Además era flexible en casos como el aborto o la eutanasia.

    Los profesores de derecho penal querían terminar con los cambios a la legislación penal confeccionando un código «más acorde -según elloscon los problemas de la sociedad».

    Sin embargo, el anteproyectono llegó al Congreso y tampoco el gobierno lo respaldó como propio. Sólo fue presentado públicamente por las autoridadesdel Ministerio de Justicia para que sea evaluado con un método de consulta pública.

    Varios de sus artículos originaron una enorme polémica, sobre todo con la Iglesia, alarmada ante la posibilidad de que el aborto y la eutanasia fueran despenalizados.

    Los reproches se concentraron en que la reforma del Código Penal no tenía impacto alguno sobre la prevención del delito, ni siquiera sobre la sensación de inseguridad.

    Con el proyecto de ley también discrepó Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fue asesinado luego de ser secuestrado. Sucede que el texto reducía algunas penas, eliminaba la prisión perpetua y ofrecía penas alternativas para delitos menores.

    El grupo de notables había comenzado a trabajar durante la gestión como ministro de Justicia de Horacio Rosatti y coordinada por la secretaria de Política Judicial y Asuntos Legislativos, María José Rodríguez, y el subsecretario de Política Criminal, Alejandro Slokar.

    Lo integraban diez especialistas: el penalista David Baigún, los jueces Carlos Chiara Díaz, Edgardo Donna, Edmundo Hendler, Enrique García Vittor, Alejandro Tizón y Guillermo Yacobucci; el constitucionalista Raúl Ferreira, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Raúl Ochoa; y el ex juez federal Gabriel Di Matteo.

    Los alcances del anteproyectode ley y el ruido que provocó en la sociedad, hizo que el gobierno tomara distancia. Por caso, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne aclaró que su cartera está interesada en actualizar el Código Procesal Penal, para acortar plazos procesales y garantizar la rápida y efectiva resolución de las causas judiciales. Pero no mencionó nunca que su cartera propiciara la autorización del aborto o la despenalización de la tenencia de estupefacientes.
  • Dejá tu comentario