Segundo aval de Quantín a leyes de punto final

Judiciales

La causa que investiga el juez Claudio Bonadío sobre la desaparición de una veintena de combatientes montoneros en 1980 y sobre la que dispuso la detención de los ex jefes montoneros Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía y Mario Firmenich (este último con pedido de captura internacional) -y ayer dispuso el procesamiento del intendente de Escobar y candidato a gobernador bonaerense, Luis Patti-, tiene presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia que firmó el entonces fiscal general Norberto Quantín.

El 24 de febrero de este año, Quantín le reclamó a la Corte que declare la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Y que, si así no lo hiciera, declare la prescripción de las acciones penales que pudieran merecer los delitos «por los cuales los imputados fueron procesados».

• Los casos

Es una causa donde se investigael presunto enfrentamiento entre efectivos policiales y militares el 11 de octubre del '78 en la Capital Federal, y los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones como consecuencia de la llamada Operación Murciélago. En el primero de ellos, además de la muerte de Carlos Fassano y Lucía Adela Rébora de De Pedro, desaparecieron 130.000 dólares. En el segundo se establecieron «bases en pasos fronterizos, con la colaboración de 'marcadores', personas que estando detenidas por las Fuerzas Armadas debían encargarse de señalar a otras que pudieran tener vinculación con actividades subversivas», entre ellos Ricardo Marcos Zucker.

Quantín
expone allí sus argumentos, junto al cuerpo de fiscales que lo acompañaba en el Ministerio Público, en tiempos en que ni soñaba en convertirse en el secretario de Seguridad de un ministerio en manos de Gustavo Béliz y en un gobierno cuya cabeza es Néstor Kirchner. Que además ha propiciado la inocua nulidad en el Congreso de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, derogando los decretos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa que impedían las extradiciones sobre las que empeñosamente ha hecho punta el inefable juez español Baltasar Garzón.

Dice
Quantín en su introducción que se «justifica la interposición del recurso extraordinario cuando se cuestiona la validez constitucional de leyes federales». Y también señala que «en este caso, se ha resuelto procesar a los imputados por delitos que se encontraban prescriptos». Entre ellos, al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, Pascual Guerrieri y Carlos Alberto Roque Tepedino, entre otros.

• Obligación

Sobre los tratados a los que ha adherido la Argentina en la Constitución del '94, recuerda el artículo 27 que establece que «el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos por esta Constitución». De esto deduce que «ningún tratado puede derogar una norma contenida en la primera parte de la Constitución».

Subraya Quantín que debe recordarse que los hechos que se investigan «habrían ocurrido uno en 1978 y los otros en 1980». Y como primera conclusión afirma que «fueron anteriores a la sanción de los tratados de derechos humanos» incorporados a la Constitución. El artículo 28 de la Convención de Viena establece que «las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado».

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