Sobresueldos: condenaron a denunciante de funcionarios

Judiciales

El hombre que dio letra a la prensa sobre la famosa fantasía de los «sobresueldos» terminó condenado a dos años de prisión en suspenso. Roberto Martínez Medina, un antiguo secretario del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, fue encontrado culpable del delito de «calumnias», al haber acusado falsamente a un funcionario de la Auditoría de repartir dinero en negro a los miembros de la Corte Suprema.

En sólo una semana la causa de los sobresueldos se hizo trizas. Antes de irse de vacaciones, la Cámara Federal anuló los procesamientos de Oscar Camilión y de Rodolfo Aiello, jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete que conducía Eduardo Bauzá. Ese tribunal modificó la imputación de peculado (hurto al Estado) por la de malversación de caudales públicos. Ese cambio de carátula podría derivar en la prescripción de la causa, ya que la primera de las acusaciones prevé una pena de hasta 10 años de cárcel y la segunda de sólo tres.

Martínez Medina
reveló la existencia de pagos de sobresueldos cuando declaró como testigo en un juicio oral por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray. Allí aseguró que todos los meses retiraba 50 mil pesos en un sobre para su entonces jefe Granillo Ocampo con quien hoy está peleado.

• Hipocresía criolla

El testimonio involucró un amplio espectro de funcionarios políticos. Entre los que figuran como sospechados de haber percibido esos haberes provenientes de fondos reservados están los ex ministros Domingo Cavallo, Elías Jassan, María Julia Alsogaray, Ricardo Cossio y Adelina de Viola.

En rigor, el
«Pontaquarto» que salió del juicio de Alsogaray sólo se refirió a una hipocresía criolla: cómo las administraciones disfrazan de austeridad a los funcionarios con salarios bajos en lo formal y les pagan sobresueldos en negro. Cuando, en verdad, le corresponde a un buen gobierno pagar salarios que se correspondan con la tarea que realizan y acorde con los que paga el mercado.

Además, el uso de fondos reservados no es una ley que haya sido gestada durante el gobierno de
Carlos Menem. Viene de la época de Juan Carlos Onganía, cuando se creó la ley «S» 18.302 que enumeró los beneficiarios y el sistema de distribución de fondos reservados.

A
Martínez Medina lo querelló Javier Fernández, un funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN), que fue secretario privado Rodolfo Barra.

En un programa de
televisión, Martínez Medina dijo que «una persona, JF, que trabaja en la Auditoría General y fue secretario del ministro de Justicia, llevaba sobres que contenían dinero a diversos ministros de la Corte», entre quienes identificó a «(Mariano) Cavagna Martínez, Barra y (Adolfo) Vázquez».

En su resolución, el juez Noberto Oyarbide sostuvo que el ex asesor de Granillo Ocampo «en ningún momento» pudo demostrar que las denuncias de peculado o malversación fueran ciertas.

«Su único fin fue difamar y deshonrar públicamente a Fernández»,
remarcó el magistrado.

En su descargo,
Martínez Medina dijo que no tenía nada personal contra Fernández y explicó que la información que divulgó sobre él la sacó de un «anónimo». Sin embargo, el juez Oyarbide estimó que la nota era de tal «vaguedad» que el fiscal a quien se la entregó para iniciar una investigación ni siquiera hizo la denuncia penal.

«No parece creíble que no haya tenido la intención de lesionar el honor de quien señalaba como un eslabón de la supuesta corrupción del Poder Judicial al más alto nivel»,
agregó el juez.

Durante el juicio, el defensor de
Martínez Medina, Ricardo Pérez Vélez, aseguró que el proceso era «la oportunidad para que la familia judicial pudiera sacarse de encima a Martínez Medina, descalificando su testimonio».

Oyarbide
replicó que «nada resulta más alejado de ello» y aclaró que «en este proceso se juzgó a Martínez Medina por señalar públicamente a Javier Fernández como autor o partícipe de un delito determinado y no por el resto de sus testimonios, cuyo valor le corresponderá evaluar a cada magistrado».

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