También en AMIA el Estado se querellará a sí mismo

Judiciales

Sigue el gobierno la política de hacer que el Estado accione contra el Estado. Dos días antes de que se cumplan 14 años del atentado a la Embajada de Israel, la administración Kirchner anunció que se presentará como querellante en una causa conexa al ataque terrorista a la AMIA. En ese expediente se investiga presuntas irregularidades cometidas durante las pesquisas del atentado a la mutual. Son 44 cuerpos (casi 9.000 fojas) que ahora están en manos del juez Ariel Lijo, luego del desplazamiento de Claudio Bonadío dispuesto en noviembre por jueces subrogantes de la Cámara Federal porteña.

Allí se evalúa el desempeño del destituido juez Juan José Galeano, que entre 1994 y 2003 instruyó la causa, pero también se apunta al ex ministro del Interior Carlos Corach; al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy; a los fiscales del caso y a miembros de la Policía Federal y de la SIDE. La decisión fue formalizada ayer por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, con posterioridad a la audiencia que los familiares de la AMIA tuvieron con Kirchner en su despacho presidencial y en el que también estuvieron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

• Antecedente

Aunque esta será la primera vez que oficialmente el Estado argentino se presente como querellante en la causa AMIA, como antecedente muy específico figura la acción judicial realizada por la Oficina Anticorrupción por los 400 mil dólares pagados por la SIDE a Carlos Telleldín y el decreto de Kirchner en el que se reconoce que el Estado argentino incumplió con su deber de investigar el atentado.

Desde la Rosada se impartió la orden de que sea el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, el encargado de llevar la querella contra quienes resulten responsables y los que hayan trabado la investigación. Slokar cumplirá esa orden en las primeras horas de la mañana de hoy ante el juez Lijo. Así compensaría el efecto negativo que provocó en la comunidad internacional el fallo absolutorio del tribunal a los acusados del ataque terrorista.

La medida del gobierno incluyó pedir -a través de la Policía Federal- que se mantenga las capturas internacionales de los ciudadanos iraníes que aparecen como los principales sospechosos del atentado.

Toda la movida del gobierno viene precedida de una furiosa interna entre el ministro Iribarne y el hasta hace poco días titular de la Unidad Investigación AMIA, Federico Rúa.

El desplazado Rúa acusó a su jefe político de haber disminuido el proceso de investigación, situación que le valió una querella y el cargo. En ese puesto, el ministro colocó a un leal como Slokar, al tiempo que se concentró en presentar las medidas que adoptó para cumplir el acuerdo que alcanzaron en la mesa de conciliación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Precisamente, hace una semana hubo una reunión en Washington donde el gobierno mostró que avanzaba en el proceso de investigación. La decisión incluía actuar como querellantes, el compromiso del Estado de pagar las costas del proceso judicial y una ley sobre indemnizaciones a los familiares de las víctimas del atentado.

Los familiares de AMIA le reclamaron al gobierno la creación de una comisión mixta que estudie detenidamente toda la legislación nacional vinculada al tema del terrorismo para perfeccionarla.

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