Un juez presentó una denuncia penal contra Felipe Solá

Judiciales

El Presidente de la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense, Horacio Piombo, presentó hoy una denuncia penal contra el gobernador Felipe Solá por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación tiene relación con la reforma penal que pretende instrumentar el gobierno provincial que prevé, entre otras medidas, la eliminación de la Casación.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal 3 de esta ciudad y solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y de tratados internacionales por parte de Solá.

Esta denuncia se relaciona estrechamente con la acción de inconstitucionalidad presentada ayer ante la Suprema Corte por el propio Piombo, y que apunta a frenar los cambios que impulsa Solá y que podrían ser transformados en ley por el Senado bonaerense la semana que viene.

Piombo sostuvo en su presentación que el Gobernador habría incurrido en la violación de los deberes de funcionario público al "haber propiciado una reforma del Código Procesal Penal cuyas previsiones atacan frontalmente la garantía de la independencia del Poder Judicial".

Así como "el derecho a un juez competente e imparcial designado antes del hecho de la causa, el derecho a la igualdad de tratamiento ante las ley penal, el derecho a un trámite exento de dilaciones indebidas y la garantía de un proceso que facilite la defensa en juicio tanto de la persona como de sus derechos".

Además, el magistrado señaló que el mandatario provincial habría incurrido en la supuesta violación de tratados con naciones extranjeras, ya que interpretó que "todas estas prerrogativas básicas del hombre están consagrados por las Convenciones que aseguran el respeto internacional de la persona".

Citó entre otras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hoy forman parte de la Constitución Nacional".

La reforma prevé, además de la eliminación de Casación, la división de los tribunales Criminales en juzgados unipersonales, con el objetivo de triplicar la capacidad de audiencias para juicios.

Además, reduce la capacidad recursiva del sistema penal, al establecer que las resoluciones de los jueces de primera instancia serán apeladas ante las Cámaras Penales de cada departamento judicial y no ante la Casación, como ocurre actualmente.

En tanto, el Senado dio el primer paso formal para aprobar la polémica reforma durante un encuentro del que participaron la vicegobernadora, Graciela Giannettasio, el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, y legisladores de todas las bancadas.

Allí se resolvió profundizar el estudio del tema para avanzar en su posible sanción durante la semana que viene.

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