Un militar con destino EEUU es el caso que teme Kirchner

Un general argentino espera malas noticias en un despacho de Washington. No es ninguno de los militares que habitan residencias susceptibles de ser embargadas o inhibidas. Es un caso distinto, que preocupa todavía más a José Pampuro y su staff: Dardo Juan Antonio Parodi sería citado por la Justicia Federal de Entre Ríos para ser juzgado por la presunta desaparición de un conscripto en tiempos del gobierno militar.

El episodio que se quiere dilucidar data de los tiempos en que este oficial revistaba en una guarnición de Concordia, Entre Ríos. Parodi no es cualquier soldado: ocupa hoy en representación de la Argentina la vicepresidencia de la Junta Interamericana de Defensa, organismo encargado de la seguridad hemisférica e integrado por todos los ministerios de la especialidad del continente.

• Especial

Parodi configura un caso especial no sólo por su jerarquía y repercusión internacional. También porque es de los pocos militares en actividad que pueden caer detenidos en la actual reactivación de causas por violaciones a los derechos humanos que domina al fuero federal. La causa, marginal y casi secreta, es la más inquietante para el gobierno.

En el Ministerio de Defensa siguen día a día los movimientos judiciales que pueden afectar la tranquilidad de la casa. Se presume, por informaciones que se arrancan a los juzgados, que habrá citaciones y detenciones durante los próximos 60 días. Las causas judiciales abiertas comprometen a distintas jurisdicciones militares. La que presenta más imputados es la del Cuerpo I de Ejército: hay unos 150 acusados, de los cuales podrían quedar detenidos unos 60.

• Imputados

En la causa de la ESMA, los imputados son 40 y en la del Cuerpo III de Ejército (Córdoba), 50. En el Cuerpo II (Rosario) los imputados son alrededor de 20 y en el Cuerpo V (Bahía Blanca), otros 20. En los informes judiciales que se elaboran en las fuerzas, se calcula que en todas las causas, sumados uniformados de las tres fuerzas, civiles y personal de fuerzas de seguridad, quedarían detenidos unos 250 encausados.

La mayor inquietud, por la cual los funcionarios intentan conseguir alguna señal de los jueces (los dos principales son Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres), es la posibilidad de que haya demasiados oficiales en actividad entre rejas una vez que los magistrados resuelvan la nulidad o la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hasta ayer se presumía que ese número sería muy reducido.