Política

Juicio Oil: una "task force" de AFIP espió ilegalmente movimientos de Grupo Indalo

En el marco del debate oral por los planes de pago otorgados a la petrolera, se reveló el nombre de un usuario que había ingresado a los CUIT de las empresas del holding y de sus dueños. Ese monitoreo habría sido ordenado previo a la denuncia de Abad.

Mientras cobra densidad la causa que investiga espionaje a jueces, políticos, empresarios y famosos a través de distintos organismos públicos -entre ellos la AFIP-, el empresario Fabián De Sousa denunció ayer que él, su socio, Cristóbal López y todas las empresas del Grupo Indalo fueron víctimas de una suerte de “task force” de seguimiento dentro del organismo recaudador desde diciembre de 2015. Ante el Tribunal Oral Federal N° 3 que sigue adelante el juicio oral por la causa Oil Combustibles, reveló que un agente llamado Mariano Gabriel Hernández, que se desempeña como analista de revisión de recursos de la regional microcentro de la AFIP, ingresó en forma permanente y sin autorización a hacer procesos de revisión e investigación de todas las empresas relacionadas al Grupo Indalo. Hernández reportaba internamente a Jaime Mecikovsky, cuyo nombre reapareció en el medio de la trama de espionaje que tendría como beneficiaria de información bajo secreto fiscal a la diputada Elisa Carrió, denunciante original de la causa Oil.

De Sousa cargó no sólo sobre Mecikovsky la responsabilidad de esos seguimientos, sino sobre Alberto Abad, exadministrador federal y jefe de todos quienes aparecen como principales aportantes de insumos para la investigación que lideraron el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini. Hernández ingresaba al área de sistemas de la AFIP para reportar cualquier modificación sobre los CUIT de cualquiera de los contribuyentes del Grupo Indalo, sin que existiera investigación legal u orden. Y que, incluso, se intentó desarrollar un sistema de seguimiento y reporte en tiempo real de los movimientos de esos contribuyentes. La defensa de De Sousa pedirá que se lo incorpore al juicio como testigo.

Todo esto, argumentó, fue para la consecución de “un proceso de persecución mediática y judicial”, cuyo objetivo era el desapoderamiento de las empresas. Y apuntó contra un “fiscal complaciente” y un “juez presionado” por el Poder Ejecutivo. “Hay una parte de la Justicia que fue silenciosa, que fue cómplice con el proceso de persecución. Yo los entiendo. Debe ser difícil ser juez y tener que enfrentar las presiones de una organización mediático-política. Siento que el proceso de quienes están llamados a resolver no debe ser fácil. Quien no hacía lo que le pedían era perseguido y demonizado”, indicó respecto de los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, expulsados de la Cámara Federal tras haberlos liberado ante las primeras contradicciones que evidenciaba la investigación de Ercolini.

De Sousa utilizó parte de las declaraciones indagatorias de los funcionarios de AFIP que fueron imputados en el tramo que Ercolini separó de la causa para retrasar su envío a juicio oral, denominada “Oil 2” para refutar gran parte de la acusación. Entre ellas, las del extitular de la DGI, Rubén Toninelli, quien fustigó severamente la actuación judicial -por falencias técnicas que ignoraron procesos básicos dentro de la AFIP que explicarían parte de lo que los acusadores incluyeron como prueba de cargo-, sino también porque las acciones del organismo recaudador se dirigieron a arrinconar al contribuyente, en lugar de generar las posibilidades de que el fisco cobre los impuestos adeudados. Y que esa “acción dolosa” fue encabezada, entre otros, por el abogado Ricardo Gil Lavedra, que fue contratado externamente por la AFIP para encargarse del caso Oil, sin haber tenido el más mínimo éxito en cuanto al cobro de la deuda que estaba financiada en planes de pago, ahora eje central del juicio. Es más, el presidente del TOF le recordó a De Sousa que su descripción de los hechos superaba ampliamente el objeto del debate que es el otorgamiento de dos planes de pago particulares (por el artículo 32) y dos generales, estos últimos adheridos -como en todos los casos habilitados para todos los contribuyentes- a través de la página web. “La imputación es mentira”, subrayó De Sousa repasando un tramo insólito de la instrucción: Pollicita redactó que Oil había pedido una refinanciación por planes caducos de 36 meses y “sólo había pagado 4”. Pero aparentemente, no había reparado que realmente el plan era de tan sólo 4 cuotas que se habían pagado íntegramente.

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