Economía

Justicia ordenó allanar 10 AFJP por supuesta liquidación de bonos

El juez federal Claudio Bonadio lleva adelante esta tarde una serie de allanamientos en sedes porteñas de una decena de AFJP, en el marco de una causa presentada contra esas entidades por el fiscal Guillermo Marijuan, en su carácter de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES).

Fuentes tribunalicias precisaron que los allanamientos tienen por objetivo determinar qué operaciones realizaron en los últimos días las AFJP.

En la causa interviene el fiscal Miguel Angel Osorio y en los operativos participan efectivos de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal.

Ayer, el juez Bonadio ordenó a las AFJP que por espacio de siete días "no cambien la composición de su cartera" accionaria de modo de no desprenderse de bonos.

Bonadio ordenó la medida al hacer lugar a un pedido de amparo contenido en una denuncia presentada por el fiscal Marijuan, en su carácter de titular de la UFISES.

Marijuan denunció a una decena de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones por haber liquidado presuntamente bonos soberanos en las últimas horas, al cobrar cuerpo la posibilidad de que el sistema privado sea eliminado.

La venta masiva de títulos -según la presentación del fiscal- ocasionó una fuerte caída en el valor de los mismos.

Las fuentes dijeron que tras la decisión de Bonadío, las empresas fueron notificadas de inmediato, de modo de garantizar el cumplimiento de la medida.

En su denuncia, Marijuan atribuyó a las Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la administración pública.

La denuncia está contenida en 19 carillas y que quedó radicada ante el juez federal Claudio Bonadío.

Marijuan pidió que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.

El representante del ministerio público atribuye a las Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio del Estado.

La medida fue requerida ante la posibilidad de que se ocasionen "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado Nacional".

Marijuan sostuvo que corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones "efectuar el debido control sobre las inversiones realizadas por las Administradoras hasta el día de la fecha".

El fiscal reclamó el allanamiento a las administradoras denunciadas -que Bonadio lleva a la práctica hoy- para "asegurar la prueba documental de interés para la pesquisa", y que "se haga lugar a la medida de no innovar peticionada".

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