Justicia "de guardia" por coronavirus día 2: magistrados insisten a Corte con "feria"; presos K (y de lesa humanidad) piden salir

Jueces le insistieron al presidente del máximo Tribunal para que "reconsidere" acordada y dicte parate para clarificar escenario. Múltiples denuncias por incumplimiento. Lázaro Báez obtuvo negativa a ser excarcelado, pero analizarán su estado de salud para domiciliaria. Represores, por ahora, sin margen. Penales, en la mira por eventual foco infeccioso.

El segundo día “guardias mínimas” en la Justicia, luego de la Acordada de la Corte Suprema que fijó parámetros de emergencia para enfrentar la crisis del coronavirus tuvo como epicentro el pedido de excarcelaciones o libertades morigeradas. En sintonía con lo prescripto por la Defensoría General para los casos de grupos de riesgo que se encuentren privados de la libertad en establecimientos penitenciarios, se multiplicaron pedidos tanto de exfuncionarios K con alguna patología de salud y en prisión preventiva como de una veintena de represores detenidos por delitos de lesa humanidad, esgrimiendo razones de edad y salud para salir. Sin embargo, el empresario Lázaro Báez obtuvo una negativa ayer a su pedido de libertad por parte del Tribunal Oral Federal N°4 que lo juzga por lavado de dinero, pese a haber sorteado la autorización del fiscal Guillermo Marijuan y del juez Sebastián Casanello en otra causa donde también tenía dictada la preventiva.

Varios grupos de internos de penales federales y provinciales comenzaron a organizarse para restringir las visitas de familiares al mínimo, en una medida complementaria a la suspensión de salidas transitorias. Es sabido que la propagación de enfermedades tiene una tasa de contagio abrumadoramente superior a la media bajo condiciones de encierro. Ese es un problema que el Gobierno visualiza como un eventual foco que podría disparar la enfermedad en términos numéricos.

Mientras tanto, tal como había adelantado Ámbito Financiero, jueces y fiscales insistieron con que la Corte debió haber dictado una “feria” cuyas características de aplicación lucirían más sencillas que los puntos fijados en la Acordada del lunes. Pese a ello, el Consejo de la Magistratura que preside el camarista Alberto Lugones suscribió inmediatamente a la postura de los ministros del Máximo Tribunal, lo que anuló parte del reclamo, al menos desde su faz administrativa.

En plena situación de incertidumbre fue la Cámara de Casación Federal la que ayer volvió a limitar el marco de su actuación en este período: Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Guillermo Yacobucci denegaron pedidos de habilitación de días y horarios inhábiles a discreción en diversas causas por considerar que no cumplían con los supuestos de “guardia mínima” que fijó la Corte. Recordaron que el equipo de emergencia tiene tres jueces, dos funcionarios y ningún empleado trabajando.

En Comodoro Py la queja llegaba por el lado del “corte” etario que la Corte hizo cuando licenció al personal: pese a que los grupos de riesgo son considerados a partir de los 60, el personal eximido en la justicia se fijó a partir de los 65.

Se estima que calcularon que esa franja era determinante para, indefectiblemente, convertir tribunales en un páramo. Sorpresivamente, la Asociación de Magistrados volvió a pedirle en una carta dirigida a Carlos Rosenkrantz que se dicte una feria judicial en los términos prefijados para que se pueda disponer de tribunales específicos de turno y apuntaron a que no cuentan con personal de maestranza que se encargue de la limpieza de los que quedaron funcionando. Casi una “reconsideración” de la decisión que adoptó hace 48 horas.

La Procuración Penitenciaria y el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría a cargo de Laura Marrazzo, redactaron una serie de recomendaciones dirigidas tanto a la población como al personal penitenciario para intentar resguardar lo que podría ser una propagación masiva entre los alojados en los penales. Hacia allí se dirige la atención ahora. A los pedidos de represores como Miguel Etchecolatz -que la justicia viene denegando con el argumento de que no se ha detectado que haya habido efectivamente algún contagio- se sumaron también los de exfuncionarios como Amado Boudou, Luis D´Elía, Ricardo Jaime, entre otros. Báez obtuvo una negativa pero se constituyó un incidente aparte que analizará su estado de salud para informar a los jueces si debería o no estar en prisión domiciliaria.

Mientras tanto, la Cámara del Crimen rechazó la clausura preventiva de dos juzgados penales que había sido pedido por la Comisión Interna del fuero penal Azul Bermellón dado que personal había presentado síntomas febriles. Sostuvieron que no se confirmó “caso sospechoso” sobre magistradas que habían regresado del exterior. A la vez, el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli fue denunciado por los gremialistas ante la Procuración General por haber obligado a concurrir a 12 agentes que deberían estar de licencia, según lo dispuesto por Eduardo Casal.

Situaciones irregulares en la interpretación de quienes deberían guardar cuarentena se suceden cotidianamente. El viernes pasado, por ejemplo, un grupo de delegados gremiales enviaron a su casa a la jueza del Trabajo Marina Pisacco, pareja del panelista televisivo Adrián Ventura quien había sido reprendido públicamente por no respetar la cuarentena a su arribo desde los Estados Unidos.

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