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La Constitución, las PASO y la gobernabilidad

Desde el domingo pasado, la Argentina enfrenta una potencial crisis de gobernabilidad producto del resultado de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que se revelaron como un verdadero problema para el diseño electoral de la Constitución Nacional. La reforma constitucional de 1994 incorporó el sistema de elección popular directa en doble vuelta (o balotaje) como mecanismo de elección del Poder Ejecutivo de la Nación. Esta incorporación era un aspecto central el “núcleo de coincidencias básicas” impuesto por la Ley 24.309, y tenía su antecedente en la propuesta del Consejo para la Consolidación de la Democracia presidido por el gran jurista Carlos Nino al presidente Raúl Alfonsín en 1986.

La Ley 26.571, titulada “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, introdujo en el sistema electoral de la constitución una nueva obligatoriedad política de doble faz: el segundo domingo de agosto anterior a la finalización del mandato es obligatorio para las agrupaciones políticas presentar a elecciones a sus candidatos y es obligatorio para todos los ciudadanos concurrir a votar.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Nacional, la segunda vuelta electoral debe realizarse dentro de los treinta días de la anterior. Es decir que el período que separa la “primera vuelta” de la eventual segunda vuelta es, por mandato constitucional, nunca superior a un mes. Similares intervalos (oscilando entre los veinte y los treinta días) prevén las legislaciones de Brasil, Colombia y Perú, entre otras. El mismo plazo fue adoptado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La coincidencia en los plazos de las legislaciones mencionadas no es casualidad. Ésta obedece a la propia razón de ser del balotaje, que es principalmente la construcción de consensos en torno de la figura del Presidente, en miras a fortalecer al futuro gobierno. Alargar el plazo que separa las dos elecciones implica prolongar la incertidumbre respecto de quién gobernará la Nación, afectando así la gobernabilidad. Si habrá un “pato rengo” (lame duck), pues que sea por poco tiempo. Dado que es probable que esté en juego la posibilidad de reelección y continuidad del Presidente o de su partido, la Constitución procura que no deba mantenerse mucho tiempo en el ejercicio del cargo si el pueblo expresa que ya no cuenta con el apoyo de la mayoría.

La mencionada “ley de democratización” no previó este escenario, y fijó la realización de las elecciones Primarias más de dos meses antes de la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales. La deficiente técnica legislativa no parece haber contemplado las consecuencias de unas elecciones Primarias que terminarían funcionando, virtualmente, como una primera vuelta electoral. Eso porque son obligatorias (para los candidatos y para los electores) y porque es posible presentarse con una lista única por partido o alianza, cosa que han hecho todos los partidos y alianzas porque, aparentemente, el sistema así lo incentiva.

Como agravante, debe decirse que la innovación de las PASO apareció sin que hubiéramos consolidado aún una tradición constitucional alrededor de la nueva regla de elección presidencial, luego de la grave crisis que afectó esa institución en el período 2002/2003 y cuando parecía que durante el mandato 2003/2007 se había logrado restaurar la autoridad y el papel institucional del Poder Ejecutivo.

Los resultados están a la vista, y es de esperar que, en estas condiciones y circunstancias, el Presidente de la República logre, a un cuatrimestre de concluir su mandato constitucional, el consenso de todos los actores políticos y el acompañamiento de todos los ciudadanos para producir, en el momento que corresponde, una transición sin mellas de un período de gobierno al siguiente, condición fundamental del sistema democrático constitucional sin la cual ninguno de los graves problemas que enfrenta el país podrá tener una razonable respuesta. Luego, correspondería revisar este sistema “PASO”, cuyo costo presupuestario, no menor, no le hace sombra al enorme costo económico, político y social de ir a contramano de la lógica de la Constitución Nacional.

(*) Profesor de Der. Constitucional (UBA).

(**) Docente de Derecho Constitucional (UBA) y de Derecho Penal (UBA e ISSP).

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