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La Corte de Brasil asestó un golpe a la Lava Jato que podría beneficiar a Lula

El Supremo votó a favor de un habeas corpus que habilitaría la anulación de condenas porque considera que se vulneró el derecho a la defensa.

Brasilia - El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil, por siete votos contra 3, votó a favor de un habeas corpus que podría habilitar la anulación de condenas en el caso de corrupción Lava Jato, entre ellas las del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El exmandatario se encuentra en una cárcel de Curitiba cumpliendo una condena de 12 años desde abril de 2018.

La votación suma más presiones contra el proceso que fue conocido como la operación anticorrupción más grande de la historia, al juzgar una solicitud de habeas corpus concedido a Almeida Ferreira, condenado a diez años por su participación en la trama de corrupción en torno a la estatal Petrobras.

El caso analizado en la sesión de ayer podría tener una repercusión directa sobre más de cien juicios o ser limitado en función de lo proponga Dias Toffoli.

Ferreira presentó ese pedido después de que, en un juicio celebrado en agosto pasado, la Segunda Sala de la corte anuló una condena dictada contra el ex presidente de la petrolera estatal Petrobras Aldemir Bendine en el marco de la operación Lava Jato.

La mayoría de los magistrados consideró que si un acusado decide colaborar con la justicia en contra de otro, pasa a ser una suerte de “auxiliar de la acusación” y debe presentar alegatos primero, lo que, según fiscales de la Lava Jato, puede incidir en los casos de 143 de los 162 empresarios y políticos condenados por esa operación.

El habeas corpus es un derecho que un ciudadano detenido o preso tiene para comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse.

El expresidente Lula, en prisión desde el 7 de abril de 2018 por corrupción pasiva y lavado de dinero, podría ser beneficiado por la decisión del máximo tribunal y podría aliviar su situación en la justicia.

La tesis defendida por los magistrados permitiría la anulación de una de las dos condenas que pesan en su contra, en la que la justicia lo encontró culpable de haber recibido refacciones en una finca en Atibaia, en el interior de San Pablo, como pago de un soborno de una empresa constructora.

Sin embargo, el expresidente de 73 años y líder del Partido de los Trabajadores (PT) se encuentra detenido por otro caso, en el que fue condenado en primera y segunda instancia por haber recibido un departamento en Guarujá; por lo tanto, continuaría detenido.

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