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La Corte eligió no condenar las candidaturas testimoniales

La Corte Suprema dio por cerrada ayer la disputa judicial que estalló cuando el kirchnerismo impulsó las candidaturas testimoniales para las elecciones de 2009, con las que, a pesar de utilizar ese recurso que aprovechó los nombres de gobernadores e intendentes para colocarlos a la cabeza de las listas a diputados, terminó perdiendo. El máximo tribunal declaró abstracta la cuestión que se había iniciado por un recurso presentado por el apoderado de la lista de UCR, Rafael Novello, en contra del uso de candidatos que, estaba claro desde el comienzo, nunca pensaban asumir los cargos.

Así, tres años después de esas legislativas, la Corte declaró «abstractos» los planteos de impugnación a las candidaturas testimoniales del kirchnerismo para la Cámara de Diputados, pero sin pronunciarse sobre su validez, algo que desató ayer la ira de parte del radicalismo, que entiende así que la Corte dejó sin sancionar una conducta que si bien no pudo ser atacada por ilegal, quedó severamente cuestionada en lo ético.

El fallo, que lleva la firma de los siete jueces, se refiere específicamente a las candidaturas a diputados de Daniel Scioli y Sergio Massa que fueron avaladas por la Cámara Nacional Electoral en junio de 2009. En ese momento, el Acuerdo Cívico y Social llevó la denuncia al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario.

«En estas condiciones es inoficioso un pronunciamiento del tribunal sobre la cuestión que -como federal- promueven las agrupaciones impugnantes, en la medida en que a esta Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual», dijo ayer la Corte en su fallo.

Y agregó, siguiendo el argumento del procurador general de la Nación, que ésta es una «regla tradicional que viene aplicando» la Corte «cuando, como en este caso, no concurren circunstancias de excepción que justifiquen abordar las cuestiones constitucionales planteadas».

Ricardo Gil Lavedra fue uno de los primeros en reaccionar: «Este fallo contradice precedentes de la Corte», en los que se pronuncia sobre «ciertas cuestiones de interés institucional que pueden volver a repetirse», dijo.

«No estoy de acuerdo con el fallo. Debería haberse pronunciado para prevenir que se repita en el futuro», se quejó. Lo cierto es que la queja de la UCR se refiere a que la Corte Suprema es, ante todo, un órgano político que junto con su función judicial tiene la de ser el límite institucional de la República, lo que incluye la interpretación final de las leyes y hasta de la Constitución.

Es en esa función en la que la oposición ayer cuestionó el fallo dejando en evidencia que, en estas condiciones, nada indica que el poder político lea el fallo como una habilitación para repetir en el futuro la experiencia de esas candidaturas testimoniales en las que Néstor Kirchner utilizó a los dirigentes de mejor medición en encuestas para salvar, en algunos casos sin demasiado éxito, listas que no venían bien ranqueadas, aunque se supiera siempre que ellos no iban a asumir los cargos.

El recurso extraordinario había sido presentado por el ARI, el GEN y la UCR, cuyo apoderado bonaerense, Rafael Novello, uno de los autores de la presentación, también se quejó ayer: «Es una barbaridad que tarden tanto tiempo para decir que es abstracto, sin fijar ninguna sanción de tipo moral».

«Todos los días están los jueces trabajando en la reforma Código Civil y tardan tres años para decir que es abstracto. No puede ser que un expediente tan trascendental, que se vincula a la veracidad del voto y la transparencia del sistema republicano, demore tanto», se quejó Novello, quien explicó que, además de este recurso por Scioli y Massa, que fueron electos el 28 de junio de 2009 y renunciaron a sus bancas para quedarse en la gobernación bonaerense y en la Intendencia de Tigre, existe otra demanda por 57 casos de candidatos a diputados provinciales y concejales municipales.

«Esto alienta a que siga habiendo candidaturas testimoniales, porque es gratuito y no tiene ninguna sanción moral, aunque roza principios constitucionales», protestó el apoderado.

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