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La desigualdad social, el motor de la indignación

Santiago - Las violentas protestas del fin de semana en Chile desdibujaron la imagen de estabilidad que le había ganado al país el apodo de la “Suiza” de Latinoamérica, y dejaron en evidencia la tremenda inequidad social que el presidente Sebastián Piñera deberá atacar para asegurar su futuro político y el rumbo de la nación.

Las protestas obligaron a Piñera a frenar un alza del pasaje del subte, detonador de las manifestaciones. Pero su marcha atrás quedó empañada por el despliegue de soldados en las calles en un país que tiene aún heridas abiertas por la dictadura militar de Augusto Pinochet que culminó en 1990.

El aumento de los pasajes fue la gota que rebalsó el vaso y develó las grietas de la sociedad chilena: la desigualdad, la precariedad y mala calidad de los servicios de salud y educación pública, las bajas jubilaciones y los insuficientes sueldos de gran parte de la población, coincidieron analistas.

“Esto no es una simple protesta por el alza del subte, esto es un desahogo por los años de opresión que tuvieron principalmente los más pobres”, dijo Karina Sepúlveda, una estudiante de antropología, mientras golpeaba una sartén durante la protesta del domingo. Chile estaba entre los diez países más desiguales del mundo, según un estudio de 2016 del Banco Mundial.

Una encuesta del Gobierno chileno presentada en 2018 mostró que el ingreso de los ricos fue 13,6 veces mayor que el de los pobres y que el coeficiente Gini que mide la desigualdad casi no tuvo cambios en una década.

Aunque no existe un consenso claro entre los expertos sobre la causa de la inequidad en Chile, muchos creen que el modelo económico neoliberal instaurado durante la dictadura no contó con la tutela de instituciones sólidas ni de programas para garantizar una mejor distribución de los ingresos.

Los gobiernos democráticos de centroizquierda y centroderecha intentaron desde 1990 corregir con mayor o menor énfasis los desequilibrios, pero la brecha sigue siendo una asignatura pendiente, como reconoció Piñera en sus primeras declaraciones tras instaurar el estado de emergencia.

“El Gobierno se está jugando si puede generar la gobernabilidad mínima que necesita y poder implementar algún tipo de pronta solución, más que promesas de diálogo”, dijo Guillermo Holzmann, analista de la Universidad de Valparaíso.

Chile presumió sólidas cifras macroeconómicas y el propio Piñera ganó un segundo mandato con su promesa de “tiempos mejores”. Pero el Estado no logró llevar la prosperidad a toda la sociedad.

Las manifestaciones parecen obedecer a un estallido espontáneo más que a un movimiento organizado. Y por ahora, tampoco hay ningún liderazgo político rotundo que esté surgiendo de ellas y pueda hacer sombra al Gobierno.

“Hasta el momento no hay voces claras que recojan esa demanda, no aparecieron figuras. Es una rebelión contra el sistema y la autoridad”, dijo Vicente Espinoza, sociólogo y profesor de la Universidad de Santiago. “Si esta movilización se extiende, va a requerir una operación política muy compleja para poder aplacarla y eso dependerá mucho de la respuesta que tenga el Gobierno. Y yo creo que el Gobierno no escuchó absolutamente nada”, opinó.

“Tiene que reconocer que hay una emergencia y no quedarse en que todo está volviendo a la normalidad porque no es así”, dijo el analista.

La turbulencia en las calles aparece semanas antes de que Chile sea la sede de una cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC) en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino Xi Jinping firmarían un importante acuerdo.

“Piñera se desprestigió por su incapacidad de cumplir sus promesas electorales en términos económicos, se desprestigió como líder internacional por no poder garantizar orden y paz ante grandes eventos internacionales”, dijo Cristian Parker, sociólogo de la Universidad de Santiago. En diciembre, el país tiene previsto acoger la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático COP25.

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