Política

La Justicia obliga a YPF a revelar informe de impacto ambiental por Vaca Muerta

Es por leyes de acceso a la información pública. Antecedente de pacto con Chevron dio 30 días para que hagan públicos registros. Petrolera de bandera apelará decisión.

La Justicia ordenó a YPF que en un plazo de 30 días hábiles revele un informe del impacto ambiental sobre la explotación de Vaca Muerta. La decisión disparó alertas varias por las implicancias que podría tener en materia económica sobre el yacimiento dadas las denuncias por efectos contaminantes del fracking que se emplea para la extracción y los derrames que las organizaciones ambientalistas han compilado sobre las distintas empresas que trabajan en la zona. La resolución de la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre se basó en un pedido de acceso a la información pública impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y rechazado por la compañía, aduciendo que no estaba alcanzada por términos de la legislación dado que era una sociedad anónima sujeta a oferta pública. YPF anunció que apelará a la Cámara Federal de ese fuero e intentará que no se haga público ese informe, aunque cuenta con un antecedente negativo bajo el mismo formato legal: la justicia convalidó el acceso al acuerdo entre YPF y Chevron, inclusive sus cláusulas confidenciales.

La demanda se inició luego de que la ONG ambientalista solicitara en dos oportunidades la información de impacto ambiental de las explotaciones de YPF en Vaca Muerta en los términos de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental N° 25.831. La petrolera de bandera adujo que estaba exceptuada por el régimen de sociedad anónima que cotiza en Bolsa. Y que además, no puede considerarse a la empresa como una parte del Estado Nacional, por lo que no se le podrían aplicar las normas de derecho a acceso a la información que buscan garantizar la accesibilidad respecto de información que se encuentre en poder el Estado, entes autárquicos y de empresas prestadoras de servicios públicos.

Gilardi Madariaga abordó un aspecto clave en su sentencia: sostuvo que el acceso a la información ambiental es uno de los pilares sobre los que se asienta la protección al medio ambiente. En 10 carillas, la magistrada ordenó “hacer lugar a la demanda instaurada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y en consecuencia ordenar a Y.P.F S.A a que en el plazo de 30 días hábiles –conforme lo dispone el art. 8 de la Ley 25.831- brinde la información de carácter ambiental requerida oportunamente por la actora; debiendo en su caso, fundar-en los casos en que proceda- cualquier supuesto de denegación”. Precisamente el fallo “Giustiniani” por el acceso a la información sobre el acuerdo confidencial con Chevron fue citado como antecedente válido por la ONG. YPF intentó esquivar el reclamo indicando que la demanda excedía la cuestión ambiental y debía estar dirigida hacia los organismos públicos de control, Secretaría de Medio Ambiente o provincia de Neuquén. Pero para la jueza, el acceso a la información “resulta ser trascendental para la vigencia del Estado de Derecho y a los fines de la transparencia en la gestión democrática” y en especial el ambiental “abarca una triple dimensión: la participación, el acceso a la información pública en sí y la obligación de los estados de garantizar la plena vigencia de dicha accesibilidad”.

“En materia ambiental la información al fin de cuentas resulta ser un valor clave, dado que la ausencia de la misma imposibilita una adecuada protección del ambiente y un seguimiento racional de las distintas actividades antrópicas y sus efectos sobre el ecosistema”, indicó la jueza en su resolución. Y cito que la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que las sociedades comerciales como la de YPF “no resultan ajenas a la aplicabilidad de normas de derecho público”. Para la justicia, YPF es una empresa privada, constituida como sociedad anónima pero que realiza una actividad comercial declarada de interés público, además de que el Estado por la cantidad de acciones que posee “goza de plena capacidad para la formación de la voluntad societaria y designación de sus directores” por lo que integra el “sector Público Nacional”, lo que la deja a merced de cumplir con las normas de acceso a la información.

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