Política

La SRT confía en que la nueva Corte sepultará definitivamente la industria del juicio con accidentes de trabajo

El gerente general del organismo, Guillermo Arancibia, se mostró “optimista” con la nueva conformación del Tribunal. “Cuando se expida va a alinear y emprolijar el mensaje para todos los fueros”, dijo.

Tras el reemplazo de Ricardo Lorenzetti por Carlos Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el gerente general de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), Guillermo Arancibia, se mostró confiando en que se declarará la constitucionalidad de la nueva ley de ART.

"Cuando la Corte se expida va a alinear y emprolijar el mensaje para todos los fueros", sostuvo el gerente general de la SRT, Guillermo Arancibia, durante la presentación la semana pasada de una novedosa encuesta laboral, que se realizará en conjunto con el Ministerio de Trabajo en 15.000 hogares argentinos. "No es un camino finalizado, ni zanjado, es un camino largo", advirtió sobre la enorme cantidad de demandas colectivas e individuales que llovieron en la Justicia, tras la sanción de la 27.348.

"Para evitar inconstitucionalidades la ley pone como condición que las provincias tengan que adherir, y por eso, reconoce como instancia administrativa previa y obligatoria a la Comisión Médica de carácter federal", remarcó el funcionario en diálogo con la prensa, tras lanzar la ECETSS.

Según dijo Arancibia, el "grueso" de las presentaciones judiciales se vincula con la declaración de competencia del magistrado a cargo del expediente por el accidente de trabajo. "Para que el juez se declare competente se basa en la inconstitucionalidad de la ley. De estos hay varios, pero van decayendo, según se adhieren las provincias. Las ART las apelan y depende de cada jurisdicción si hay Cámara o pasa el Tribunal Superior para que se expida, pero todo estos juicios están en suspenso", detalló.

Para frenar las demandas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Corte bonaerense ya le reclamó a la SRT la apertura una comisión médica por cada departamento judicial. "Pero hay presentaciones colectivas que atacan la adhesión, no a la ley. Ante todos estos problemas, tenemos el optimismo de que se van zanjar cuando lleguen a la Corte Suprema y se definan. Ya llegaron causas individuales, en algún momento se tiene que expedir", agregó el gerente de la entidad.

El fin de la industria del juicio

En la Superintendencia informaron que al día de hoy son 14 las provincias que adhirieron a la norma nacional y destacaron que la cobertura de la litigiosidad llegó al 85%. "De las que faltan la más importante es Santa Fe, en cuanto a la magnitud por la cantidad de juicios. Si se incorpora, llegaremos al 94%", proyectó Arancibia.

"Por primera vez en el año, la cantidad de juicios es menor a la del año anterior. El año pasado fueron 120.000 juicios. Este año si proyectamos el primer semestre, terminaríamos con 90.000 juicios, y eso que la provincia de Buenos Aires adhirió en abril. Es una caída importante, es una caída del 34% de la litigiosidad. Si bien no es un objetivo en sí mismo contenerla, lo importante es que siga disminuyendo el índice de incidencia, que baje la cantidad de accidentes", expresó el especialista.

En este marco, Arancibia recordó que la iniciativa buscar desactivar la industria del juicio. "Al inicio la litigiosidad crecía a una tasa geométrica, mientras que el índice de siniestros venía disminuyendo. Eso no tenía una explicación lógica y ahí vimos que había una industria del juicio", resaltó.

En las últimas semanas desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) denunciaron irregularidades en la asignación de peritos médicos judiciales en el Fuero del Trabajo y reclamaron la conformación de los Cuerpos Médicos Periciales (CMP) para atender las demandas a las ART.

Según las empresas, por la falta de nombramientos de las Comisiones se generan sobrecostos con peritajes que no se atienen a la normativa, y que "podrían llegar a la exorbitante suma de $ 188.000 millones adicionales a pagar en sentencias de juicios pendientes". Sobre este tema, el funcionario de la SRT negó la posibilidad de una estatización de los montos. "Se trabajaron alternativas, pero es imposible que el Estado se haga cargo, es una deuda entre privados. Tenemos que ocuparnos en revisar la evaluación de los porcentajes de incapacidad, de cómo están determinados", subrayó.

En la actualidad se cuentan unas 378.000 causas pendientes, anteriores a la ley. "La UART considera que habría que resolver el stock de las causas judiciales, la ley apunta a resolver los juicios nuevos, que se tendrían que resolver por instancias administrativas", enfatizó Arancibia.

Los datos de la SRT revelan que un tercio de los casos ya cuenta con las pericias médicas hechas, con peritos de parte. Los dos tercios restantes todavía no tienen nada. "El desafío está en que la Justicia tenga su cuerpo propio para darle equidad a la evaluación. No hay discrepancia en el porcentaje de incapacidad que pone un médico y otro, según la jurisdicción. La cuestión es el tabulado de las patologías. Para resolver el stock, que es lo que se ha empezado a hablar, la Justicia debe crear cuerpo periciales forenses", planteó.

Guillermo Arancibia y José Francisco de Anchorena lanzaron la semana pasada la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS).

Veremos el Baremo

Periodista: Al demorar la conformación de las Comisiones Médica se generan más pleitos judiciales, por la diferencia en el cálculo de las indemnizaciones.

Guillermo Arancibia: Lo más perverso que tiene el sistema actual es que un juez de primera instancia llama a un perito particular, que tiene el honorarios del perito médico atado al porcentaje de incapacidad, y no tiene que justificar por qué utiliza un Baremo determinado. Hablamos con la Justicia para que el cuerpo de peritos dependa de ellos y el Poder Ejecutivo los pueda financiar, pero eso no es meterse en la evaluación médica.

P.: ¿Y qué Baremo se debe utilizar?

G.A.: El caso Espósito determinó la forma de cálculo hasta dónde se tomaban las actualizaciones. Uno de los apartados de la ley trabaja en los causales de litigio, por diferencia en la prestación dineraria. Uno es la forma del cálculo del salario base, el ingreso en el polinomio, y otro es la aplicación de la tasa de interés. Por eso se toman las recomendaciones de las OIT para las determinaciones del salario, tomando la parte no remunerativa, y se actualiza tomando en esos 12 meses por cada uno de los períodos por tasa de interés activa. Por lo tanto, no hay diferencia en la forma de cálculo judicial con la vía administrativa. Estos eran 18% de los reclamos, que iban por Comisión Médica y luego iban a la Justicia por reclamo dinerario, pero ya no tendría que existir porque no tiene causal.

En otro tramo de la ronda con los periodistas en la sede del organismo en Sarmiento al 1.900, Arancibia destacó el éxito del servicio de homologación. "En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concluyeron 7.200 trámites de homologación, de los cuales unos 4.500 firmaron (4.000 por acuerdo y 500 desacuerdo), mientras que del resto hay una parte minoritaria que rechazó el carácter laboral del accidente y otra parte dio que no había secuela. De este último grupo, solamente un cuarto apeló", subrayó al celebrar la celeridad y conformidad de los acuerdos.

"Es muy importante que se sepa que la solución la pueden encontrar dentro del sistema y no en la vía judicial. Uno sabe que si no hay diferencia dineraria y hay tasa de interés (en los dos procedimientos), y que la vía judicial tiene cuatro o cinco años de espera contra una resolución que por ley tiene que terminar en 60 días hábiles", concluyó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario