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La transparencia como herramienta para crecer

Desde el comienzo, este Gobierno ha tenido el valor de hacer grandes avances en el camino del fortalecimiento institucional de nuestro país. La sanción y aplicación efectiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, de la Ley del Arrepentido para los Casos de Corrupción, de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, el Plan de Gobierno Abierto y la decisión de reconstruir el sistema de estadísticas públicas y el recientemente enviado proyecto de Ley de Ética Pública son algunos ejemplos.

La sanción de la ley de financiamiento político puede parecer, a primera vista, lejano o abstracto para la vida de los argentinos. Se trata de una discusión difícil porque implica hablar sobre la democracia y reconocer sus desafíos más profundos. Pero es un avance fundamental en el mejoramiento de la vida política y democrática de nuestro país.

Perfeccionar nuestro sistema político y electoral es una deuda con nuestra democracia. Tenemos el mismo sistema electoral desde la Ley Sáenz Peña y la normativa específica para regular el financiamiento de los partidos políticos data de 2001. Desde que asumió este gobierno, desde la Subsecretaría de Asuntos Electorales revisamos el sistema electoral para identificar cuáles eran sus principales vacíos o defectos.

Uno de los principales problemas del sistema actual es la posibilidad de hacer aportes en efectivo, que impide controlar el origen de esos aportes. El funcionamiento de la democracia tiene un costo real que es el financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Asumir esta realidad permite transparentar el proceso electoral.

Es por esto que uno de los cambios centrales que propone el proyecto es la bancarización de todos los aportes. Si bien la ley actual permite las donaciones bancarizadas, la realidad es que el 90% de los aportes declarados son en efectivo. Hoy, la tecnología nos permite que todos los aportes puedan ser trazables.

Conocer de dónde vienen y en qué se usan los aportes de campaña es clave para fomentar la transparencia y terminar con la corrupción. Vamos a contar con información pública de más fácil acceso que va permitir el control ex-post por parte de la sociedad civil.

A su vez, la incorporación de la posibilidad de que las personas jurídicas puedan aportar a los partidos políticos para los gastos de campaña es también un paso adelante en el camino de transparentar el origen del dinero. La prohibición solo empuja el financiamiento de la política a la informalidad.

Habilitar la donación de las empresas no significa excluir el financiamiento de los ciudadanos, ni reducir el financiamiento público, sino simplemente reconocer dentro del sistema una práctica existente para poder controlarla. Regular el financiamiento de las personas jurídicas es una herramienta para evitar el ingreso de plata que podría ser producto de la corrupción.

Para que estos cambios puedan llevarse realmente a la práctica, es fundamental fortalecer las instancias de control. Hoy, la Cámara Nacional Electoral cuenta sólo con 8 auditores para revisar la rendición de cuentas de todos los partidos a nivel nacional.

Esto hizo que recién en 2018 se revisaran balances e informes de las campañas de 2011 y 2013. La falta de un control efectivo y a tiempo permite que los incumplimientos a la ley no puedan preverse ni evitarse.

En ese sentido, el proyecto aumenta en 8 los auditores y asigna el 7% del Fondo Partidario Permanente, aumentando así el presupuesto asignado para el control. Estos cambios, le darán más herramientas y un presupuesto acorde a la justicia electoral para poder controlar de forma más efectiva la rendición de cuentas de los partidos.

Además, y con el objetivo de que no exista una ventaja de la coalición gobernante sobre otros partidos, el proyecto incluye también un aumento en el plazo de prohibición de actos de gobierno de 15 a 25 días previos a las elecciones. En caso de que las provincias realizarán sus elecciones en simultaneidad, esta reforma podría regir también para las elecciones provinciales.

Este proyecto es el fruto de consensos de amplios sectores de la política para aprobar un esquema que permita asumir el costo del financiamiento de la democracia a través de un sistema más transparente en el que la ciudadanía pueda confiar.

Estamos ante la oportunidad histórica de reformar a fondo las reglas de la política. Es de vital importancia que les mostremos a todos los argentinos nuestro fuerte compromiso con la integridad y la honestidad. Una democracia sana y fuerte necesita de un sistema electoral que sea claro, equitativo y transparente.

*Miembro de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda en las que se trató el proyecto de financiamiento político.

Exsubsecretario de Asuntos Electorales de la Nación.

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