Política

La urbanización de villas porteñas y los dolores de cabeza del PRO en las PASO

Pese a las políticas sociales implementadas el barrio Carlos Mugica, el gobierno porteño obtuvo un magro resultado electoral allí.

Un análisis cualitativo de los resultados de las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires arroja conclusiones inquietantes que interpelan profundamente a la política. Uno de ellos es el que habla de la magra cosecha electoral de Juntos por el Cambio en el llamado Barrio 31.

El jefe de gobierno porteño contrapelo de la política desarrollada por Mauricio Macri decidió realizar una fuerte apuesta a través de la urbanización de los asentamientos porteños.

En principio los argumentos se fundaban en la impotencia política para trasladar a sus habitantes, alegando que el último intendente en realizar un desalojo de tal naturaleza fue el Brigadier Osvaldo Cacciatore en el bajo Belgrano, el otro intento frustrado lo hizo Jorge Domínguez en 1995 precisamente en la 31; por otro lado el apoyo de la Iglesia católica a los usurpadores, con el explícito aval del papa Francisco.

Existen históricas y complicadas villas en la CABA como la 11-14, que es un mundo dentro de la propia urbe y otras desarrolladas al amparo de la desidia de los últimos años: la calle Fraga en el barrio Chacarita o la Rodrigo Bueno frente a Puerto Madero; allí se combinó la nefasta gestión de Eduardo Epstein que estimuló el crecimiento de la población en asentamientos en tiempos de Aníbal Ibarra, con el entusiasta apoyo del gobierno kirchnerista que incluía la provisión de materiales. Todo esto sumado a la militancia de ONG afines como el CELS, que impulsaron y obtuvieron de parte jueces como Roberto Gallardo o Elena Liberatore sentencias que obligaron al gobierno local a proveer viviendas y servicios.

Asimismo la Corte Suprema de Justicia en una audiencia pública en 2012, a la que concurrió la propia vicejefa María Eugenia Vidal ordenó al gobierno porteño otorgar una vivienda a una extrajera ilegal invocando la condición de madre de un hijo discapacitado. Esa decisión judicial desconoce antecedentes en el mundo civilizado y habla a las claras del populismo que gustaba exhibir el ex presidente del alto tribunal Ricardo Lorenzzetti.

Lugar aparte reviste en la liturgia peronista la Villa 31 y la obra de los sacerdotes de la teología de la liberación con el padre Mugica como referente.

Luego de un operativo policial a fines de 2014, que culminó con la captura de 14 peligrosos narcotraficantes de los cuales sólo uno era argentino, se lo escuchó decir al otrora jefe de Gobierno Macri: “allí no construiré una sola casa y el día que sea presidente denunciaré el convenio patria grande; respetare la Constitución y sólo serán bienvenidos los inmigrantes de buena voluntad, sin antecedentes penales y con domicilio informado”. Macri tampoco lograba entender por qué el juez Gallardo lo obligaba a pagar el traslado a los niños de los asentamientos para ir a escuelas alejadas de la villa, cuando el resto de los padres porteños debía pagarles a sus hijos el transporte escolar.

Sin embargo, otro fue el criterio de construcción política de Larreta y su equipo. El jefe de Gobierno llevó adelante un ambicioso plan de urbanización de asentamientos, en el cual la parte del león se asignó al hoy llamado barrio 31, donde invirtió más de la mitad del presupuesto total (alrededor de $6000 millones) y endeudó fuertemente al distrito con organismos internacionales para correr la autopista inaugurada por Cristina de Kirchner a mediados de 2015. El pretexto era la falta de luz natural para los habitantes del asentamiento, como si se tratara de pueblos originarios avasallados en sus derechos y no de usurpadores que en sus dos terceras partes son extranjeros dedicados a construir viviendas para uso personal y para inversiones inmobiliarias en unos de los terrenos más valiosos del distrito, sin planos ni autorizaciones y encima especulando con los precios de los alquileres a cobrar a sus propios compatriotas.

Así las cosas, tomada la decisión, Larreta creó una Secretaría de Integración Social y Urbana con rango ministerial y le asignó la ejecución de la tarea al empresario Diego Fernández relacionado con el senador Esteban Bullrich, y marido de Mercedes Miguel, a cargo de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa.

Fernández luego de su paso por la administración de las heladerías Freddo, creo una empresa de sushi hasta que Bullrich lo convocó para ocuparse de temas educativos y ser luego el urbanizador estrella. El resultado no pudo ser peor: el Frente de Todos arrasó sacándole 47 puntos de ventaja a Juntos por el Cambio, es decir, 20 puntos más que el proceso electoral de 2015. Los habitantes, extranjeros en su mayoría, se empadronaron para votar y repudiar la gestión Fernández: modificación de la ley original votada en la legislatura, con fachadas cosméticas en las primeras cuadras, uso de materiales modernos pero considerados precarios para el ejército de experimentados albañiles desocupados que no fueron convocados a participar en las obras y destratos múltiples de parte de un grupo de jóvenes de clase alta inexpertos. Lo más grave: las cláusulas contractuales de adquisición.

El plan incluyó instalar allí el Ministerio de Educación de la CABA y construir la escuela más moderna del distrito.

Funcionarios memoriosos recuerdan que la última experiencia de urbanización la llevó adelante Carlos Grosso después de la implosión el albergue Warnes y se llamó barrio Ramón Carrillo, en honor del notable sanitarista justicialista. Al poco tiempo las instalaciones estaban destruidas y las plazas y demás lugares públicos intrusados.

Las razones son múltiples: la primera lección macroeconómica enseña que la tarea de distribución de tierras y subsidios se debe asignar al Gobierno federal para evitar que los pobres se trasladen a los estados subnacionales que otorguen más beneficios y los ricos huyan de dichos lugares. La segunda indica que urbanizar es un proceso más complejo que levantar casas y abrir calles: es proveer cloacas, alumbrado público, plantar árboles, asfaltar, entre otros rubros, pero lo verdaderamente significativo es lograr que los habitantes se apropien de la cultura del cuidado de lo público y acepten pagar por los servicios consumidos.

La experiencia internacional indica que las integraciones sociales exitosas son aquéllas, que con créditos fuertemente subsidiados los habitantes acceden a adquirir viviendas dónde deseen y, superan el modelo gueto, dejando atrás la “cultura villera” y enviando a sus hijos a compartir aulas en las escuelas públicas con el resto de los niños de la zona.

En síntesis, reiterando el extraordinario modelo integrador de la escuela sarmientina; la reciente serie “Apache” que cuenta historia del futbolista Carlos Tevéz ofrece una pintura descarnada de realidad del gueto y sus códigos.

Puertas adentro del larretismo existen funcionarios que se atreven a analizar con más profundidad estos resultados electorales y cuestionar el camino elegido; preguntándose por lo bajo qué hubiera ocurrido si ese dinero se invertía en mejorar el comercio a cielo abierto, en subsidiar a las maltrechas pymes o en vivienda popular.

El macrismo porteño pretendió aplicar a la villas la misma lógica que al resto de la ciudad, donde su enorme esfuerzo personal exhibe los frutos: Buenos Aires es más bella y está mucho más limpia tal y como lo prometió dos años atrás, y si bien ganó las PASO ampliamente, no alcanza para evitar una peligrosa segunda vuelta contra un ignoto candidato que aún no hizo campaña ni propuesta alguna.

Otro gran perdedor de esta contienda es Martín Loustou a quien le faltó estrategia política para analiza las consecuencias de la situación económica: en este contexto hubiera sido un difícil contrincante a vencer por Larreta y encima su empecinamiento (o el de su mujer) en ser acompañado por una desconocida candidata con mérito conocido de ser pañuelo verde le restó una significativa cantidad de votos celestes.

Finalmente muchos vecinos de barrios populares o clases medias: Soldati, La Boca, Villa Pueyrredón, Almagro, Ortúzar, Barracas, Monte Castro, etc, se preguntan indignados por qué el Gobierno construye con sus impuestos, que no es otra cosa el producto de su trabajo decente, viviendas de calidad para usurpadores y no propone proyecto alguno para ellos. Asimismo, muchos de los que ingresan desde el AMBA a trabajar a la ciudad a diario y sueñan con la casa propia viajando durante horas en un mejorado transporte público se cuestionan por qué a ellos que respetan la ley y no usurparon propiedad ajena, deben hacer malabares para pagar alquileres indexados son ignorados.

Un país sin moneda, objeto de recurrentes y salvajes devaluaciones y con inflación galopante, más allá del relato, sabe que la última oportunidad de vivienda digna y servicios públicos afrontables los tuvieron durante los denostados 90. Sólo un planteo superficial soslaya animarse a un análisis completo en su magnitud y matices.

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