Economía

Las 4 amenazas que detectó Aranguren por el congelamiento de precios de combustibles

Según el exministro de Energía, el Decreto 566 de Mauricio Macri incumple normativas vigentes, pone en peligro más de u$s8.000 millones en inversiones en Vaca Muerta, no protege a los consumidores y amenaza con desatar un conflicto judicial interminable.

La consultora Energy Consilium, del exministro de Energía Juan José Aranguren, alertó por la “alteración de las reglas de juego” en el sector de los hidrocarburos, tras el congelamiento de los precios del petróleo crudo, naftas y gasoil por 90 días.

“Esta medida marca una alteración en la política de respeto a las reglas de juego establecida por la actual administración”, remarcó el reporte de la empresa de Aranguren.

El análisis al que accedió Ámbito ya circula en los despachos de los principales directivos de compañías petroleras, dispuestas a judicializar el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/2019 firmado por Mauricio Macri, que estableció el congelamiento en base a los precios del 9 de agosto pasado.

Para el exCEO de Shell la decisión de intervenir el mercado de combustibles al fijar el barril de referencia Brent a u$s59 y el tipo de cambio a $ 45,19 incumple varias normativas vigentes, pone en peligro más de u$s8.000 millones en inversiones sectoriales, no protege a los consumidores y amenaza con desatar un conflicto judicial interminable.

El control de precios, una medida al borde de la inconstitucionalidad

“Si bien en el pasado se habían instrumentado derechos de exportación, o acuerdos temporarios de precios con la industria, estas reglas han sido mantenidas relativamente inalteradas en la industria desde su desregulacion iniciada en 1991 luego de la promulgación de los decretos PEN 1055/89, 1212/89, y 1589/89. Particularmente, es la primera vez desde la desregulacion de 1991 que se interviene formalmente y de manera directa en la fijación de precios del sector”, recalcó Energy Consilium.

Según Aranguren, la “seguridad” de abastecimiento energético debe ser entendida como la “disponibilidad ininterrumpida de energía a un precio asequible”, respetando el medio ambiente. Para lograrlo, la consultora remarcó que es necesario “el desarrollo de políticas públicas que lo aseguren a partir del acceso a mercados libres y competitivos que provean un entorno flexible y reduzcan la vulnerabilidad del sistema ante interrupciones”.

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operatoria. Vista Oil explota en Vaca Muerta el yacimiento de Bajada del Palo, en dos zonas (este y oeste). Ahora busca fondos para la segunda.
operatoria. Vista Oil explota en Vaca Muerta el yacimiento de Bajada del Palo, en dos zonas (este y oeste). Ahora busca fondos para la segunda.

Aunque subraya la potestad del Estado nacional para regularla la política energética y así evitar la “volatilidad” de precios o el aumento continuo o abrupto de ellos, Aranguren reclamó tener en cuenta las “consecuencias de la intervención sobre los demás aspectos de la seguridad de abastecimiento. Según dijo el exministro, la Argentina ratificó del Acuerdo de París (Ley N° 27.270) en el ámbito del G20 y por ese motivo reconoce que “los subsidios a los combustibles fósiles generan externalidades negativas en el combate al cambio climático”.

Pero además, esta intervención estatal deberá considerar “evitar disrupciones en el ciclo de inversión que pongan en riesgo la seguridad de abastecimiento en el mediano plazo”, porque también se estarían incumpliendo leyes y violando el “principio de igualdad” frente a otras medidas adoptadas, como eliminar IVA o bajar Ganancias.

El informe indicó que la redacción del decreto se justificó en el artículo 42 de la Constitución nacional y el artículo 3 de la Ley N° 26.741, que reestatizó YPF y declaró de interés el autoabastecimiento de hidrocarburos, pero no tuvo en cuenta los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, ni la necesidad de enmarcar la iniciativa en una “emergencia”.

“El DNU que tiene por efectos resolver una situación de emergencia fundamenta su dictado no en la situación de emergencia misma sino en derechos que van más allá de ésta pero, al mismo tiempo, no compatibiliza la protección de esos derechos con derechos de terceros u objetivos de política pública que pueden ser dañados por la norma propuesta”, manifestaron al objetar la constitucionalidad de la norma.

El congelamiento de precios pone en peligro las inversiones en Vaca Muerta

Aranguren y sus colaborares pidieron “tener extrema cautela en la implementación de medidas” que puedan afectar el nivel de inversión en Vaca Muerta y exigieron “fortalecer” la seguridad jurídica. Según recordó EC, entre 2019 y 2019 de invirtieron u$s30.000 millones en petróleo y gas.

“La oportunidad para la Argentina de desarrollar un sector exportador hidrocarburífero relevante a partir del petróleo y el gas natural proveniente de Vaca Muerta requiere de condiciones de estabilidad regulatoria que permitan la toma de decisiones de inversiones multibillonarias en el desarrollo no convencional”, remarcaron.

En ese sentido, expresaron que el “abastecimiento de energía” para un país en desarrollo son:

  • Mercados competitivos
  • Transparencia
  • Integración energética
  • Eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles
  • Descarbonización

La intervención en los precios de surtidores perjudica a los consumidores

Si bien Energy Consilium destacó que el Decreto 566 busca proteger a los consumidores ante una profundización de la recesión, recomendó reducir la incertidumbre con un mejoramiento de la “protección social”, sin caer sobre el sector empresario de los hidrocarburos y las provincias.

Liberados. Así estarán los precios en los surtidores a partir del domingo. Los aumentos vendrían después de las elecciones.
Liberados. Así estarán los precios en los surtidores a partir del domingo. Los aumentos vendrían después de las elecciones.
Liberados. Así estarán los precios en los surtidores a partir del domingo. Los aumentos vendrían después de las elecciones.

La intervención en los precios de la energía es el único caso donde se ha decidido cargar la mayor parte del impacto de las medidas adoptadas en los inversores privados y complementariamente en los gobiernos provinciales a través de su ingreso por regalías”, indicó el estudio de Aranguren.

“El control de precios no es un mecanismo adecuado para proteger a los consumidores, resultando habitualmente en mayores perjuicios para ellos”, recalcó.

Los controles de precios no son un mecanismo efectivo ante una recesión

Los analistas cercanos al exministro consideraron que el congelamiento solo sirve si existe una “falla de mercado”, una circunstancia que no sucede hoy en la Argentina.

Aranguren apeló a la heterodoxia económica para cuestionar las políticas de su ex gobierno y se animó a citar al economista Paul Krugman, y sus 5 maneras en que el control de precios provoca ineficacia económica.

  1. Reducción en la oferta y una escasez artificial del bien controlado.
  2. Asignación ineficiente del bien controlado.
  3. Recursos desperdiciados.
  4. Reducción de la calidad del bien.
  5. Aparición de mercados paralelos.

¿Y si el congelamiento de precios se extiende más de 90 días?

El análisis privado puso en relieve otra situación más grave: qué pasará si se cumple el plazo previsto para la intervención y se avizoran los “mismos incrementos y los mismos perjuicios” que se viven hoy. “La falta de encuadre dentro de la emergencia y un camino de convergencia para salir de la misma potencian la incertidumbre generada por la norma”, aseguraron.

Por último, la consultora advirtió que si las petroleras o los gobernadores deciden recurrir a la Justicia se ingresará en un largo conflicto, que solo puede ser resuelto a través del diálogo. “Tanto las demandas de inconstitucionalidad como los reclamos que puedan plantearse sobre la base de los tratados de protección de inversiones atarán a la industria en un conflicto legal que puede perdurar durante años como ha ocurrido luego de la Emergencia Pública que rigió la economía de nuestro país desde el 2002 al 2017”, concluyeron.

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