17 de julio 2019 - 00:00

Las decisiones políticas y su relación con la pobreza

Pocos argentinos sabíamos que la historia de la expropiación de las acciones de YPF aún no había terminado a pesar de que en abril de 2012 el gobierno de entonces entregó a Repsol, y esta aceptó, bonos por u$s6.150 a cambio del 51% del capital que le quedaba en YPF.

Hoy estamos expuestos a pagar con nuestros impuestos unos u$s3.300 millones, si los tribunales de Estados Unidos de Norteamérica fallan en contra del país, con motivo de una demanda presentada por el fondo Burford Capital, que había comprado la demanda que Petersen Energía S.A. (PESA) presentó ante el supuesto incumplimiento de tratamiento igualitario que exigiría el artículo 7°, inciso e) Transferencia de Acciones del estatuto de YPF, en el proceso de expropiación de la compañía realizado en 2012.

Esta breve columna tiene por objeto explicar la génesis de dicho reclamo jurídico, y ayudar a comprender cómo tiene que ver con las penurias que hoy está sufriendo nuestra población.

PESA, el iniciador de la demanda de marras, es una sociedad residente en Río Gallegos cuyo propietario es una sociedad australiana que fue creada tan solo un año antes de que en 2007 adquiriera el 25% del capital accionario de YPF, y que de allí en adelante no registra actividad alguna. Parece bastante obvio que fue creada al solo efecto de comprar una proporción de YPF como parte del proceso de “argentinización” del petróleo y demás actividades, que impulsaba el gobierno de entonces.

Eran épocas de relaciones muy amistosas entre el gobierno y Enrique Eskenazi, responsable del grupo Petersen y dueño de PESA, lo cual le permitió adquirir el 25% de las acciones de YPF en condiciones más que favorables.

Según notas del balance de REPSOL-YPF, esta vendió a PESA el 21 de febrero de 2008 el 14,90% de su capital accionario y le otorgó a PEISA (una subsidiaria de PESA) una opción por cuatro años para comprar otro 10,10%. A los efectos de la venta el precio de la empresa se fijó en u$s 15.000 millones. Los u$s2235 millones que pagó PESA para materializar la compra provinieron de un préstamo de un sindicato de bancos por u$s1.018,85 millones, otros u$s1.015 millones de un crédito que le otorgó la propia YPF con un período de gracia de cinco años, y los u$s201,15 millones remanentes con la cesión de PESA de los derechos al cobro de dividendos del año 2006 que YPF pagó en 2008.

Para permitirle a PESA pagar estos préstamos y además la opción de compra que en mayo de 2008 ya había ejercido, el acuerdo de venta estableció que YPF podría distribuir al menos el 90% de las utilidades como dividendos, lo cual se superó con creces pues como la propia REPSOL – YPF informó a la bolsa entre 2008 y 2011 distribuyó unos dividendos de $A 25.000 (más o menos u$s6.500 millones), sobre unas utilidades de unos $A 16.000 (alrededor de u$s4.000 millones). Es decir que la distribución de dividendos representó una proporción aproximada del 150% de las utilidades.

Primer interrogante: ¿por qué razón REPSOL aceptó un acuerdo tan favorable para el grupo Esquenazi? Respuesta: porque estaba tratando de desprenderse lo más rápido posible de sus activos situados en Argentina

Segundo interrogante, ¿por qué motivo REPSOL querría huir de Argentina? Por las mismas razones que todas las compañías del sector, porque las expropiaciones administrativas impulsadas por el gobierno que supimos tener entre principios de 2002 y mayo de 2003, provocaron una caída de las reservas probadas de hidrocarburos entre 2002 y 2011 de casi 50%, cambiando radicalmente las brillantes perspectivas que anteriormente tenía el negocio de hidrocarburos en Argentina.

Recordemos que hasta 1989 el sector petrolero estuvo sujeto a un corsé regulatorio que impedía la explotación de las cuantiosas reservas de petróleo y gas que dispone el país. Esto cambió radicalmente con el Decreto 1212/89 que estableció la “libre disponibilidad” para los productores de hidrocarburos y liberó completamente sus precios y el de los derivados, a consecuencia de lo cual se produjo una enorme expansión del sector con inversiones que en una década excedieron los u$s25.000 millones, entre los cuales estaban los u$s15.000 que REPSOL pagó por YPF.

La ley 25.561 de Emergencia Económica y normas consecuentes congelaron y pesificaron el valor de los hidrocarburos y sus derivados y le fijaron un elevado derecho de exportación, que al decir del propio Kicillof en su INFORME MOSCONI provocó que la divergencia entre el precio en u$s que YPF hubiera recibido con la libre disponibilidad de los hidrocarburos y el que estaba recibiendo en ciertos momentos excediera el 100%.

En abril de 2012, bajo la excusa de alcanzar la soberanía y eliminar el creciente déficit energético argentino, se decidió la expropiación y estatización de YPF en una clara demostración de ruptura del gobierno con REPSOL y Esquenazi. Tres circunstancias habían cambiado desde el fulgurante ingreso del grupo PESA en REPSOL: el fallecimiento de Néstor Kirchner, mentor del grupo Esquenazi; el impresionante déficit energético comercial de Argentina, que pasó de un superávit anual de u$s5.000 millones a comienzos del nuevo siglo a un déficit de unos u$s3.000 millones para 2011; y finalmente la enorme codicia que despertó en el poder la clara realidad que ya representaba el yacimiento de Vaca Muerta.

Poco ha cambiado desde la estatización de YPF, el déficit energético siguió creciendo hasta alcanzar un máximo de casi u$s7.000 millones en 2013 y 2014, y recién en 2019 se estaría revirtiendo.

En su presentación ante la jueza que lleva el caso en Estados Unidos, el Gobierno argentino alega actualmente que la compra por Esquenazi fue fraudulenta. Creo que fue vergonzosa pero no fraudulenta, y aun cuando es prematuro pronosticar cuál será el resultado de esta demanda me animaría a pronosticar que no deberíamos esperar que sea favorable, y que una vez más el pueblo argentino deberá pagar las consecuencias de decisiones irresponsables que otros tomaron por él y sobre las cuales no tuvo la mínima chance de opinar.

Desafortunadamente hubo infinidad de actos como este que la mayoría de los argentinos no relaciona con las carencias estructurales en materia de salud, educación, empleo, etc. que hoy sufre nuestra sociedad, y que no existirían si no hubiéramos tenido que pagar miles de millones por demandas perdidas, generadas en actos de quienes en ese momento gobernaban y que hoy tratan de volver a hacerlo sin más argumento que su defensa de lo “nacional y popular”.

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