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Los niños ya no son únicos privilegiados

 Hace sesenta años, Eva Perón sintetizó su pensamiento social en la histórica frase: «Los únicos privilegiados son los niños». Pero desde hace más de dos décadas la pobreza y la indigencia afectan gravemente a los niños argentinos. Lamentablemente, se verifica desde entonces la doble relación que sostiene que «más de la mitad de los niños son pobres y más de la mitad de los pobres son niños». Esta doble relación se ha mantenido tanto en las épocas de disminución como de aumento de la pobreza argentina.
En plena erupción de la crisis económica que afectó a la Argentina a partir de fines de 2001, más de la mitad de la población urbana había cruzado la línea de la pobreza, pero la sostenida recuperación hizo que esta enorme pobreza se redujera fuertemente hacia 2006, a casi la cuarta parte de la población. Lamentablemente, la inflación de los últimos dos años hizo crecer nuevamente la pobreza que hoy afecta a uno de cada tres argentinos. Por este motivo, la pobreza hoy en la Argentina es mayor que la vigente a fines de la década del noventa. Algo similar ha ocurrido con la indigencia, que es definida por la incapacidad de comprar una canasta básica de alimentos. En el peor momento de la crisis de 2001 nada menos que uno de cada cuatro argentinos era indigente; hacia 2006 esta proporción se reduce al 9 por ciento, pero ahora ya supera el 10 por ciento, debido a que el costo monetario de la canasta básica de alimentos trepó un 60 por ciento en los últimos dos años. La inflación es una máquina de producir indigentes, aunque el INDEC falsee las estadísticas.
Lo preocupante en términos de equidad distributiva y sobre todo de la tan proclamada «igualdad de oportunidades» es descubrir que la pobreza extrema, es decir la indigencia, castiga particularmente a los niños. Tengamos en cuenta que el 30 por ciento de los más pobres alberga en sus hogares a nada menos que el 55 por ciento del total de los niños del país, mientras que el 30 por ciento de la población de más altos ingresos contiene a apenas el 14 por ciento de los niños. Es decir, por cada niño rico hay casi cuatro niños pobres. Esto afecta no sólo al impacto de la pobreza sobre los niños, sino también a la gravedad de la indigencia infantil. Hemos visto en el párrafo anterior que uno de cada diez argentinos es hoy indigente, pero cuando hablamos de niños tenemos que el decil poblacional más pobre alberga la cuarta parte de los niños, lo cual significa que la indigencia infantil es de por lo menos el 25 por ciento del total de la población infantil.
La indigencia y la pobreza infantil están íntimamente vinculadas a la precariedad laboral de los padres. En los segmentos menores de la distribución del ingreso la protección laboral es mínima porque el trabajo es básicamente informal, lo cual implica que carecen de la protección social propia del trabajo formal amparada por la histórica actividad de los sindicatos obreros. Los sindicatos hoy han dejado de representar a los más pobres, porque los más pobres lamentablemente ya no son más trabajadores dentro de la ley. Y esto significa directamente un gran desamparo para los niños pobres. Como demostró Ernesto Kritz, nada menos que el 95 por ciento del gasto social asociado con los niños se concentra en los trabajadores formales. Esta magnitud comprende tanto conceptos como asignaciones familiares, obras sociales y deducciones tributarias. Pero el caso es que uno de cada dos niños indigentes no recibe ninguna compensación o ayuda fiscal. Un niño ubicado en el decil superior de la distribución del ingreso recibe compensaciones fiscales diez veces superiores a las escasas que recibe un niño del decil inferior. Esto configura claramente un cuadro de alta regresividad distributiva que expresa el escaso peso político de los más pobres en la sociedad.
Esta crisis recesiva es una oportunidad para reorientar la política social concentrando su atención y recursos en los enormes y crecientes contingentes de niños indigentes. Como sostiene el diputado Claudio Lozano, hay que incrementar y mejorar los programas de transferencia directa de ingresos monetarios a las familias más pobres, condicionados al cumplimiento estricto de la asistencia a la escuela y a la atención médica, sobre todo en la etapa materno-infantil. Estos programas sociales son hoy extremadamente mezquinos ya que apenas aportan un peso diario por niño. Mayores prestaciones sociales bien orientadas significarían un aporte sustancial al sostenimiento del consumo global, contribuyendo así al mantenimiento del empleo y la producción, de una manera más efectiva que la expansión crediticia a favor de sectores medios que no quieren hoy endeudarse, fenómeno que Keynes bautizó la «trampa de la liquidez». Y además, y esto es lo más relevante, serían el punto de partida para una nueva política de crecimiento económico, pero con inclusión social, que no destruya el principal capital humano de un país que son sus niños. Claro que para hacer esto, primero hay que dejar de falsificar las estadísticas oficiales sobre la inflación, que sirven ahora para ocultar nada menos que cinco millones de compatriotas pobres.

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